Por Roxana de la Riva / La Prensa de Orlando
Con Florida posicionada como uno de los estados con más detenciones migratorias del país, un grupo de congresistas demócratas llegó a Orlando para investigar de cerca las políticas de inmigración implementadas en el estado y denunciar lo que califican como abusos dentro del sistema de detención federal.
La visita estuvo encabezada por el congresista de Orlando, Maxwell Alejandro Frost, junto al representante Robert Garcia y otros cinco miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Durante su visita, los legisladores anunciaron nuevas investigaciones y presentaron el proyecto “No Illegal Captivity and Extensions (NICE) Act” —traducido como “Ley de No a la Detención Ilegal y las Extensiones”—, una iniciativa que busca impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mantenga a personas detenidas indefinidamente sin cargos formales ni acceso adecuado al debido proceso.
“La Ley NICE busca cerrar las lagunas legales que permiten a ICE seguir operando sin rendir cuentas. No hay nada ‘agradable’ en separar familias, negar derechos básicos y tratar a las personas sin dignidad”, declaró Frost.
García añadió que “lo que escuchamos sobre cómo las personas son detenidas, trasladadas de una instalación a otra e interceptadas por múltiples agencias debería indignar a todos los floridanos y estadounidenses”.
Los legisladores expresaron preocupaciones relacionadas con el debido proceso, los derechos civiles y el creciente uso de cárceles locales como parte del sistema federal de detención migratoria. Asimismo, señalaron que los alguaciles y centros de detención locales se han convertido en piezas clave dentro de las políticas de arrestos y deportaciones masivas impulsadas por la administración federal.
“Esperamos contar con una mayoría demócrata y buscar rendición de cuentas, pero también impulsar una Ley para cambiar el sistema”, expresó Frost, apuntando a las elecciones de medio término.
El anuncio se produjo pocos días después de que el condado de Orange modificara su acuerdo federal para limitar a 48 horas el tiempo de detención de personas bajo custodia migratoria.
En este contexto, también se enviaron varias cartas oficiales solicitando información adicional a distintas entidades privadas involucradas en servicios de detención y transporte para ICE, entre ellas la empresa The GEO Group, Inc.
La misiva dirigida al presidente y CEO de la compañía, George C. Zoley, expresa preocupación por presuntas condiciones inhumanas en el transporte de personas detenidas dentro del sistema migratorio. Según el documento, se han reportado casos de personas transportadas por largas horas, en algunos casos encadenadas y sin acceso adecuado a alimentos, agua o servicios sanitarios, especialmente cuando los centros de detención en Florida alcanzan su capacidad máxima.
También se le envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la que se solicita información detallada sobre el uso de detainers, holds y servicios de transporte utilizados en el proceso de detención migratoria.
ICE estaría trabajando con cárceles del estado de Florida en un sistema de “detainers” (retenidos) y “holds” (detenidos) que, según denuncias, podría estar siendo utilizado de manera indebida y derivar en violaciones a derechos constitucionales, de acuerdo con reportes y alegaciones legislativas.
Según estos señalamientos, ICE utiliza los Acuerdos Intergubernamentales de Servicios (IGSA, por sus siglas en inglés) o Acuerdos Básicos de Pedido (BOA, por sus siglas en inglés)— para solicitar que las cárceles locales retengan a personas hasta por 48 a 72 horas adicionales, tiempo en el cual la agencia federal debe asumir la custodia del detenido.
Se alega que algunas personas serían liberadas temporalmente de cárceles del condado, trasladadas durante horas en autobuses o camionetas, y posteriormente reingresadas al mismo centro de detención o a otro condado.
Este proceso, según las acusaciones, tendría el efecto de “reiniciar” de forma artificial el reloj de 48 o 72 horas asociado a la retención.
En el ámbito legal, varios tribunales en Estados Unidos han determinado que los “detainers” o “holds” pueden constituir un nuevo arresto, por lo que serían inconstitucionales cuando las autoridades locales detienen a personas únicamente en nombre de ICE sin una causa probable independiente.
Ante estas preocupaciones, la iniciativa de ley NICE busca acabar con estas prácticas. El proyecto pretende eliminar la forma en que ICE emite órdenes de retención, incluyendo las que están ligadas a acuerdos como IGSA y BOA, con el objetivo de cerrar cualquier mecanismo que permita que las personas permanezcan detenidas por periodos prolongados.
Distribución geográfica de detenciones
Los agentes de ICE en Florida han realizado más arrestos migratorios en lo que va del año que sus homólogos en cualquier otra parte del país, superando incluso a regiones donde se han anunciado “operativos especiales”, según nuevos datos.
A inicios de enero, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que los esfuerzos del estado durante el año anterior —denominados “Operation Tidal Wave”— habían resultado en más de 10,000 arrestos migratorios en un periodo de ocho meses. DeSantis calificó estas cifras como una muestra de la “fortaleza” de la colaboración entre Florida y ICE.
La oficina de ICE en Miami, que cubre Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, registra un promedio de aproximadamente 120 arrestos diarios en 2026, lo que suma un total de 9,880 detenciones hasta mediados de marzo.
Sin embargo, recientemente DeSantis habría decidido desmantelar el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades. Según reportes, el funcionamiento de esta instalación estaría costando más de un millón de dólares diarios al estado, mientras que Florida aún no ha recibido más de 600 millones de dólares en fondos federales solicitados hace aproximadamente un año para su operación.
