Por Roxana de la Riva
Mientras las autoridades estatales y federales apelan una orden judicial que exige el cierre de “Alligator Alcatraz”, un alto funcionario de Florida advirtió que el polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades podría quedar vacío en cuestión de días.
En contraste, durante una visita a Orlando, el gobernador Ron DeSantis aseguró que “no se trata de desmantelar la instalación, sino de deportar a los detenidos rápidamente”, marcando distancia con la interpretación de la orden.
La controversia surge tras la decisión de la jueza federal de Miami, Kathleen Williams, quien instruyó al estado de Florida y a la administración Trump a detener la construcción y reducir las operaciones del centro, ubicado dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, en pleno corazón de los Everglades.
En el fallo de 82 páginas, la jueza federal ordena detener la construcción, suspender el ingreso de nuevos detenidos y comenzar a reducir operaciones en un plazo de 60 días. La magistrada concluyó que la instalación supone un “grave daño” para la fauna y los humedales protegidos de los Everglades.
Los abogados estatales están buscando suspender la orden preliminar emitida en respuesta a una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y respaldada por la Tribu Miccosukee.
Estos grupos que impulsaron la demanda original se oponen a la suspensión, argumentando que el centro apenas opera a una fracción de su capacidad y que Florida ya planea abrir otra instalación en el norte del estado, llamada por el gobernador DeSantis “Deportation Depot”.
“Presentamos testigos que expusieron el caos ambiental provocado y el desprecio de los acusados por la ley, quienes sólo llevaron a un testigo incapaz de justificar la necesidad del proyecto, mucho menos su legalidad. Celebramos que el tribunal haya emitido una orden preliminar contra esta farsa”, dijo Paul Schwiep, abogado de las organizaciones demandantes.
La crisis ambiental que provoca Alligator Alcatraz
El centro fue construido tras pavimentar más de 20 acres de terreno virgen, con espacio para 3.000 detenidos y un estacionamiento de 1.200 autos en pleno corazón de un refugio natural, hábitat de la pantera de Florida y el murciélago bonete de Florida.
La abogada de Earthjustice, Tania Galloni, destacó que la sentencia reafirma la importancia de las leyes ambientales. “El gobierno no puede simplemente levantar un centro de detención en medio de los Everglades sin revisión ambiental ni participación pública. Por eso existen leyes ambientales para proteger los humedales de los que todos dependemos”.
Condiciones inhumanas de detención
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos civiles han presentado varias demandas contra el centro, alegando que Florida no tiene autoridad legal para operar un centro de detención migratoria, que los detenidos enfrentan condiciones inhumanas —inundaciones, mosquitos, falta de agua y aislamiento—, y que se les ha negado el acceso a abogados y al debido proceso.
Según estas denuncias, algunos detenidos fueron incluso deportados bajo presión sin haber podido consultar a un representante legal.
Hope CommUnity Center, organización de apoyo a migrantes, denunció las condiciones inhumanas del centro de detención. Según su director ejecutivo, Felipe Sousa-Lazaballet, “desde el principio hemos sostenido que este centro era, en muchos sentidos, ilegal e inhumano. Esta instalación nunca debió existir”.
La organización ha recibido testimonios directos de personas detenidas, quienes relataron haber sido privadas de su derecho a tres comidas diarias, soportar repetidas fallas del sistema de aire acondicionado bajo el intenso calor de Florida y, en algunos casos, ser esposadas y dejadas al aire libre en zonas infestadas de mosquitos como forma de castigo.
Sousa-Lazaballet consideró que la reciente orden judicial de desmantelar la instalación representa “una validación contundente de que este centro, donde se infligió tanto sufrimiento, fue construido con total desprecio por la ley, la dignidad humana y el medio ambiente”, y expresó su alivio de que la administración de DeSantis ya no pueda seguir sometiendo a las personas a estas condiciones.
Esa percepción se ve reforzada por un intercambio de correspondencia entre el rabino Mario Rojzman, de la zona de Miami, y el director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, donde se sugiere que el centro de detención pronto podría estar completamente vacío.
Sin embargo, en el terreno político el mensaje no es tan claro. Aunque DeSantis insiste en que la meta no es desmantelar Alligator Alcatraz, sino acelerar deportaciones, sus palabras dejan entrever la posibilidad de que la instalación en los Everglades tenga los días contados, en medio de la orden judicial que exige reducir operaciones y la presión de demandas ambientales y de derechos humanos.
«Obviamente, hay litigios en curso en los que el Departamento de Seguridad Nacional participa, [el fallo] podría influir en el destino de las personas». El gobernador expresó que la función de Florida es proporcionar espacio para procesar las detenciones mientras las autoridades federales consiguen instalaciones alternas.
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