Por Domingo Banda / La Prensa de Houston
Texas se ha convertido en el estado que lidera en el número de deportaciones a nivel nacional, según datos que se han manejado. Por ejemplo, entre enero y julio del 2025, el 24% de las deportaciones a nivel nacional se realizaron en el estado de la estrella solitaria.
Precisamente, que eso siga sucediendo busca el gobernador Greg Abbott, quien ha sido defensor del plan de deportaciones masivas de Donald Trump y ha hecho todo lo que está en sus manos por colaborar.
Ha buscado que los cuerpos policiales de los condados, precintos y departamentos de policía existentes en Texas colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, ha encontrado cierta resistencia en las principales ciudades del estado, como Houston, Austin y Dallas, donde líderes electos han hecho lo posible para que los policías locales no colaboren con el gobierno federal.
Tal y como lo publicamos, hace unos días el consejo de Houston pasó una ordenanza para limitar la colaboración del Departamento de Policía de Houston (HPD) con ICE. Lo que inmediatamente se vio con un triunfo pronto se tornó en controversia y enfrentamientos entre concejales y el alcalde John Whitmire, quien busca ceder a la presión de Abbott para no perder fondos estatales.
Un acuerdo firmado cambia el panorama
Se ha revelado que Whitmire y el jefe de policía de Houston, Noé Díaz, habían firmado un acuerdo en donde el estado proveería dinero para la seguridad pública y el HPD tendría cierta colaboración con ICE.
“Houston recibió más de 100 millones de dólares del estado en virtud de un acuerdo por escrito de que cumpliría con la aplicación de las leyes de inmigración. Si se niegan a cumplir, más les vale sacar la chequera. Les saldrá caro si se niegan a mantener la seguridad en sus calles”, dijo Abbott por medio de su cuenta de X.
Y es que, según ha expuesto Abbott, estos fondos fueron proveídos a Houston y las otras ciudades, pero al no cumplirse con las normas del acuerdo, se tendrá que regresar el dinero.
“El estado no obligó a Austin ni a otras ciudades a firmar un contrato. Las ciudades firmaron un contrato para recibir fondos del estado. Una vez recibidos los fondos, las ciudades se negaron a cumplir con los términos del contrato. Dichos términos incluyen el requisito de que las ciudades reembolsen al estado la totalidad de los fondos recibidos en caso de incumplimiento del contrato”, dijo Abbot.
En Houston son 110 millones de dólares, para ser exactos, los que están en juego, y Whitmire ha dicho que la opción de aprobar la ordenanza “causó una crisis” en la ciudad. Según la Prensa Asociada, Austin también fue advertido de que 2.5 millones en fondos similares estarían en riesgo. Por otro lado, Dallas podría perder 32 millones de dólares en subvenciones, así como más de 55 millones de dólares en fondos para la seguridad pública de la Copa Mundial.
¿Desfinanciar la policía es el propósito?
Con estas acciones, líderes comunitarios han acusado a Abbott de desfinanciar a la policía, algo de lo que comúnmente se les acusa a los demócratas en algunas situaciones. Por lo que el gobernador Abbott ha dejado claro que no pretende hacer eso; lo único es que se cumpla con lo acordado con el estado.
“La ejecución del contrato no implica desfinanciar a la policía. Firmé una ley que prohíbe la desfinanciación de la policía. En virtud de dicha ley, las ciudades siguen obligadas a financiar plenamente a sus cuerpos policiales; simplemente deben buscar otras partidas dentro de sus presupuestos para cubrir dicho gasto. Si a las ciudades no les gustaban los términos del contrato, nunca debieron haberlo firmado”, dijo.
“Por cierto, el contrato consta de una sola página y establece requisitos claros, así como las consecuencias en caso de incumplimiento. En lo que respecta al control local, la decisión de celebrar el contrato fue una decisión local. El incumplimiento del contrato es, asimismo, una decisión local”, agregó.
En Houston, el alcalde Whitmire busca que el consejo de la ciudad rectifique y cancele la ordenanza por la que se votó hace menos de dos semanas y que él mismo apoyó.
Una demanda endurece la situación
Además, el Fiscal General Ken Paxton presentó una demanda contra funcionarios de la ciudad de Houston por adoptar esta ordenanza que, según él, viola el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), el cual fue aprobado durante la Sesión Legislativa de 2017.
La demanda se ha presentado contra la ciudad de Houston, el alcalde Whitmire, los concejales de la ciudad y otros.
Paxton tiene como objetivo derogar permanentemente la ordenanza y extender la protección legal a todas las fuerzas del orden que cooperan con los funcionarios federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
“No permitiré que ningún funcionario local promueva políticas de santuario que hagan que nuestras comunidades sean menos seguras”, declaró Paxton por medio de un comunicado.
Mientras tanto, Austin y Dallas han dado indicios de que le harán frente a las exigencias de Abbott de colaborar con ICE.
El consejo de Houston se defiende
La concejal Alejandra Salinas, una de las promotoras de esta ordenanza, envió una carta oficial al alcalde reforzando la legalidad de la nueva ordenanza y urgiendo que se demande al estado.
“La premisa de que Houston debe elegir entre derogar esta ordenanza o perder los fondos es una falsa disyuntiva, diseñada para forzar el acatamiento mediante el miedo”, dijo en su misiva.
“Esta ordenanza cumple plenamente con el Proyecto de Ley SB4. No restringe la comunicación con las autoridades federales ni impide la aplicación de la ley penal. Por el contrario, garantiza que los agentes mantengan su enfoque en la resolución de delitos”.
Nada de esto ha hecho efecto y el plan del alcalde es invalidar la ordenanza asegurando que los fondos son necesarios para la seguridad de los residentes de la ciudad. Ahora, todo se definirá en una nueva votación.
