Esta investigación fue realizada con el apoyo de la National Fellowship del USC Annenberg Center for Health Journalism y se publica a través de la coalición Latido Beat.

Marina (no es su verdadero nombre) es mamá de dos hijos: una adolescente y un niño pequeño que va al preescolar. Para proteger su identidad, no daré más datos puntuales sobre ella. Llegó desde Ecuador con su marido y sus hijos hace unos dos años, a la zona de Nueva York. Hoy vive en Washington Heights. A lo largo de múltiples charlas que nos acercaron, me fue contando parte de su historia.

Después de sufrir robos y situaciones violentas a manos de las pandillas que controlaban su barrio, decidieron migrar para probar suerte en Estados Unidos. Casi apenas llegaron, su esposo fue víctima de una agresión inesperada en el transporte público, de parte de una ciudadana estadounidense. Ese hecho les permitió iniciar un trámite de visa U, el permiso que se otorga a víctimas de ciertos delitos que colaboran con las autoridades. Hace poco le dijeron que la espera para obtener un estatus legal puede ser de “años”. Hasta hoy, la situación de su familia no está regularizada por completo.

La incertidumbre es permanente. Cada día que sale de su casa para ir a trabajar como empleada doméstica, la acompaña un dejo de miedo. Ha pedido ayuda a algunas personas para pensar planes alternativos por si la detienen o la deportan, pero no conoce a tanta gente en la ciudad ni confía en nadie lo suficiente como para dejar tranquila a sus hijos a su cuidado.

Ella vino escapando de la violencia y hoy siente que la violencia se transforma, toma otras caras. Los miedos se reproducen y se asientan en su cuerpo con rostros nuevos, pero con la misma intensidad que antes.

—¿Hasta cuándo? —le pregunto.

—No sé —responde. Y sonríe con timidez. Se frota las manos con nerviosismo. Su mayor miedo es no volver a ver a sus hijos. Le tiembla el cuerpo solo de pensarlo, me dice.

De mamá a mamá, de migrante a migrante, le sonrío, pero con la energía baja, como si quisiera poder decirle que todo va a estar bien. Pero tampoco lo sé. Tampoco puedo.

Un sondeo entre 15 mamás migrantes latinas en el Bronx, en New York, me dio la pauta de que su mayor miedo frente a ICE es no ver más a sus hijos, o el dolor de pensar que quedan desamparados sin ellas. Varias de ellas, sin pareja, son el principal sostén del hogar. Algunas, también, son víctimas de violencia de género en recuperación.

Y sí, confiesan, ese miedo supera muchas veces a otros que también existen. Prefieren no ir a una visita médica y “arreglarse”, en una evaluación de situación «imposible» de hacer sin sentir que no hay cómo ganar con cualquier decisión que tomen: qué tan mal se siente el niño o la niña como para exponerse a “una salida más”, o “qué tan grave puede ser”.

Empieza así un círculo complejo, en el que el miedo impide salir y cubrir una necesidad básica, como llevar a tu hijo o a tu hija a un chequeo. Al mismo tiempo, el miedo intenso y sostenido que permea el cuerpo y la cotidianidad genera otras afecciones: físicas, consecuencia de aquellas que se demoran en ser tratadas o directamente no se tratan porque se postergan los chequeos de rutina que habilitan la medicina preventiva; y psicológicas, por el trauma que persiste ante una ansiedad que crece y se asienta frente a la incertidumbre que los rodea.

El miedo que llega a los hijos

Denis Pertuz conoce bien ese miedo, aunque no conoce a Marina. Es trabajadora social clínica licenciada en Nueva Jersey desde 2018, y ejerce la práctica clínica directa desde 2011 en hospitales, programas ambulatorios, organizaciones sin fines de lucro, consulta privada y escuelas. Atiende por telemedicina en Florida y realiza evaluaciones clínicas para casos migratorios. En esas evaluaciones, madres y padres le cuentan lo que temen: la separación, la deportación, la inestabilidad económica, y qué pasará con los hijos si quien sostiene a la familia tiene que irse del país.

“Por lo general, los padres son sobrevivientes de trauma, y [en consulta conmigo] es la primera vez que cuentan detalles de su experiencia dolorosa”, dice. “Ahí se ve cómo la incertidumbre migratoria afecta a toda la familia, no solo a la persona cuyo caso se está evaluando”.

Pertuz tiene una doble maestría en Trabajo Social y en Defensa y Políticas de la Niñez. Esa formación, dice, le enseñó una regla que aplica antes que cualquier otra: no se puede entender la conducta de un niño sin mirar lo que pasa a su alrededor. “Los niños no eligen las políticas que afectan a sus familias. No votan, no controlan el estatus migratorio de sus padres y tienen muy poco control sobre lo que pasa en su casa, en la escuela o en su comunidad”. Las políticas de detención, deportación y separación familiar, explica, generan un miedo que termina llegando al niño, “aunque la política no esté dirigida a él personalmente” [se refiere a los casos de familias mixtas, en que los niños pueden ser ciudadanos estadounidenses, mas no así su padre y/o madre].

En casa de Marina, ese miedo ya se instaló. Van aprendiendo a convivir con él cada día que pasa.

Ella ha tratado de preparar a sus hijos por si algo llegara a pasar. Intenta esquivar el estrés que vive a diario, pero muchas veces es imposible. A veces hay lágrimas. A veces los acuesta y los abraza “demasiado” fuerte. A veces no puede dormir.

Los niños, explica Pertuz, miran a los adultos para saber si el mundo a su alrededor es seguro. “Un niño pequeño puede no entender palabras como deportación o control migratorio, pero entiende cuando su mamá tiene miedo”, dice. “Nota los cambios en la rutina, las conversaciones que de pronto se vuelven susurros, el miedo de su papá a ir a algún lugar, o la posibilidad de que alguien de quien depende no vuelva a casa”.

Una amenaza que no termina

La hija de Marina, últimamente, no duerme bien. Ha empezado a tener episodios de ansiedad: llama por teléfono a su mamá muchas veces seguidas y, si ella no atiende de inmediato, dice que le duele el pecho. En general, no le gusta salir y tampoco tiene muchas amigas, a pesar de su edad. Desde que llegó a Estados Unidos, se ha dedicado a estudiar, ayudar a su mamá en algunos trabajos de limpieza o cuidar a su hermano chiquito para que su mamá y su papá puedan trabajar los fines de semana. Dice también que cuando crezca no quiere tener familia.

Para Pertuz, ese es el rostro de un miedo crónico. Un niño que vive bajo la amenaza constante de que detengan a su madre o a su padre empieza a vivir en un estado de preocupación permanente: se vuelve más ansioso, más apegado, más irritable o más retraído, le cuesta concentrarse, se pregunta todo el tiempo si su mamá o su papá van a volver a casa.

La diferencia con un trauma puntual, explica, es el tiempo. “Después de un evento traumático único, suele haber un momento en el que el peligro inmediato termina. Con la incertidumbre constante, el niño no sabe cuándo ni si la amenaza va a terminar. Su mente y su cuerpo pueden quedarse en alerta, y con el tiempo eso afecta el sueño, la concentración, la regulación emocional y su capacidad de sentirse seguro”.

Los síntomas que más se repiten, enumera, son problemas para dormir, pesadillas, tristeza, irritabilidad, dolores de estómago y de cabeza, y cambios en el rendimiento escolar. Algunos niños se aíslan; otros se descontrolan o se vuelven más emotivos. “Y los niños no siempre nos dicen ‘estoy ansioso’ o ‘tengo miedo de que se lleven a mi mamá’”, advierte. “Nos lo muestran”.

Cada edad lo dice a su manera

El hijo menor de Marina, cree ella, no toma conciencia de los peligros a los que están expuestos.

Pertuz explica que, a esa edad, los niños expresan el miedo con la conducta, porque todavía no tienen palabras para nombrarlo. Un niño de cinco o siete años no entiende qué es el estatus migratorio, una detención o una deportación. “Lo que entiende es ‘mi mamá está aquí’ o ‘mi mamá no está’”. Si la madre o el padre tiene que irse, el niño puede vivirlo como un abandono, aunque nadie haya elegido esa separación. Por eso, aclara, ser ciudadano estadounidense no necesariamente hace que un niño pequeño se sienta protegido. “Su sentido de seguridad es mucho más básico: ¿mi mamá está aquí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Estoy a salvo?”, explica la especialista. Cuando esas certezas tambalean, pueden aparecer ansiedad de separación, problemas de sueño, regresiones a hitos de crecimiento ya superados, berrinches exagerados o, por el contrario, más apego a los padres.

Los adolescentes, como la hija de Marina, entienden mucho más de lo que está pasando. En ellos aparecen el enojo, la ansiedad, la tristeza, el aislamiento, los ataques de pánico, o la sensación de que tienen que proteger a sus padres o a sus hermanos menores. Muchos asumen roles de adulto: cuidan a los más chicos, traducen, sienten que deben mantener unida a la familia.

“La adolescencia ya es un momento en el que los jóvenes están descubriendo quiénes son, volviéndose más independientes y aprendiendo a manejar sus emociones”, dice Pertuz. “Cuando se suman responsabilidades de adulto, puede ser mucho peso para cargar”. Ayudar a la familia no es necesariamente malo, aclara. El problema es cuando el joven termina ocupando un lugar que les corresponde a los adultos. Ella ve las consecuencias años después, en adultos jóvenes que miran hacia atrás: “Algunos hablan de resentimiento, porque sienten que les quitaron parte de su infancia o de su adolescencia. Dicen: ‘Tuve que crecer demasiado rápido’”.

El caso de Marina no es único

El temor de Marina tiene un contexto que se puede medir.

Entre el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca, y el 31 de julio de 2026, ICE realizó 19,085 arrestos en el estado de Nueva York y 17,395 en Nueva Jersey, según datos oficiales publicados por ICE, recopilados por el Deportation Data Project y analizados por Latido Beat.

En los 18 meses inmediatamente anteriores, bajo el gobierno de Joe Biden, habían sido 8,267 en Nueva York y 6,178 en Nueva Jersey. Los arrestos aumentaron un 131% en Nueva York y un 182% en Nueva Jersey. Al menos 8,550 de los arrestos del estado de Nueva York, cerca de la mitad, ocurrieron en la ciudad.

El ritmo, lejos de bajar, se aceleró. Julio de 2026 fue el mes con más arrestos de todo el período en ambos estados: 1,552 en Nueva York, el doble del promedio mensual entre febrero y julio de 2025, y 2,078 en Nueva Jersey, más del triple de ese promedio.

Los registros también muestran a quiénes alcanzan esos arrestos. Más de ocho de cada diez personas arrestadas no tenían ninguna condena penal: el 80.8% en el estado de Nueva York, el 89.7% en la ciudad y el 80.1% en Nueva Jersey.

En el estado de Nueva York, el 68.1% no tenía ni condenas ni cargos penales pendientes. Tres de cada cuatro arrestados en Nueva York, y casi nueve de cada diez en Nueva Jersey, eran ciudadanos de países hispanohablantes de América Latina. Ecuador, el país originario de Marina, encabeza la lista en ambos estados: 4,334 ecuatorianos fueron arrestados en Nueva York y 2,912 en Nueva Jersey.

Entre ellos también hay niños y adolescentes. En esos 18 meses, ICE registró el arresto de 1,295 menores de 18 años en el estado de Nueva York, 840 de ellos menores de 13 años, y de 178 en Nueva Jersey.

Vale aclarar que la gran mayoría fueron “arrestos no custodiales”: en los registros de ICE, un arresto es un trámite administrativo, y en estos casos la persona es procesada pero no queda detenida, muchas veces durante una cita de control del programa de Alternativas a la Detención, en el que suelen estar inscritas familias completas.

Pero la tendencia es clara. En Nueva York, ICE registró 332 arrestos de menores en todo 2025 y 963 solo entre enero y julio de 2026, 184 de ellos en julio. En Nueva Jersey pasaron de 34 en todo 2025 a 144 en los primeros siete meses de 2026, 87 de ellos en julio.

También cambió dónde ocurren los arrestos. En Nueva Jersey, la proporción de arrestos realizados fuera de cárceles y prisiones, es decir, en la calle, en las casas o en citas de control, pasó del 44.7% bajo la administración anterior al 72.7%.

ICE dejó de depender de que la policía local le entregara a las personas detenidas y salió a buscarlas. En Nueva York, donde las leyes santuario ya limitaban esa colaboración, casi nueve de cada diez arrestos ocurrieron fuera de cárceles y prisiones.

En junio, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que Nueva York vería el mayor despliegue de ICE de su historia, en respuesta a la ley estatal que limita la cooperación con la agencia. El 1 de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que unas 2,100 personas habían sido arrestadas en Nueva York durante el mes anterior. En agosto, la New York Immigration Coalition identificó un aumento de operativos en Inwood, Washington Heights, Sunset Park, Cypress Hills, Bensonhurst y Staten Island. Make the Road New York reportó lo mismo en Elmhurst, East Elmhurst, Corona, College Point y Jackson Heights: barrios con fuerte presencia latina.

A nivel nacional, el patrón es el mismo. En los 18 meses analizados, ICE realizó 564,194 arrestos en todo el país, un 225% más que en el período anterior equivalente, y julio de 2026 fue también el mes con más arrestos. Según el Deportation Data Project, ese mes la proporción de personas arrestadas que tenían una condena penal cayó al 27%, el nivel más bajo registrado.

Aulas que se vacían

Marina no ha dejado de mandar a sus hijos a la escuela. Prefiere seguir saliendo a trabajar. “Así como hay miedo, yo también busco refugiarme en la esperanza”, dice. Pero muchas familias tomaron otra decisión.

En el ciclo 2025-2026, la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cayó un 2%, la mayor baja desde la pandemia, según datos del Departamento de Educación de la ciudad.

En las 60 escuelas que más estudiantes migrantes habían recibido entre 2022 y 2024, la caída fue del 11%, de acuerdo con un análisis de Chalkbeat, medio especializado en educación. Las inscripciones de estudiantes nuevos durante el verano de 2025 bajaron un 7%. Educadores y organizaciones comunitarias contaron a Chalkbeat que algunas familias se escondieron o se fueron del país para evitar ser detenidas, y que al menos cinco estudiantes de la ciudad habían sido detenidos por ICE.

Las razones de la baja son varias: menos llegadas de migrantes, el costo de la vivienda, una baja en la tasa de natalidad. Pero el miedo es parte del cuadro. En una encuesta nacional del EdWeek Research Center, el centro de investigación de la publicación especializada Education Week, el 59% de los educadores de distritos urbanos que trabajan con estudiantes inmigrantes dijo esta primavera de 2026 que la aplicación de las leyes migratorias había reducido la asistencia, y el 81% reportó ansiedad y miedo entre sus alumnos. En la ciudad, uno de cada tres estudiantes, el 33.5%, fue considerado ausente crónico en 2025-2026, según el Informe de Gestión de la Alcaldía (el Mayor’s Management Report): faltó al menos al 10% de las clases.

Del otro lado del río Hudson, Nueva Jersey perdió 23,732 estudiantes en sus escuelas públicas en el último ciclo, según datos del Departamento de Educación estatal, y la matrícula llegó al nivel más bajo en un cuarto de siglo. La causa principal es la baja natalidad, pero algunos especialistas también lo atribuyen al miedo a los operativos migratorios.

Pertuz lo ve en su trabajo. Atiende en el condado de Hudson, en Nueva Jersey, frente a Manhattan, y dice haber visto personalmente una caída significativa en la matrícula escolar. Aclara que la inmigración no es la única causa. “Pero creo que tenemos que reconocer el miedo que algunas familias inmigrantes están viviendo en este momento”, asegura.

Lo que más le preocupa es cuando ese miedo cambia la vida cotidiana. “Si una madre o un padre tiene miedo de mandar a su hijo a la escuela, de llevarlo al médico o de participar en actividades de la comunidad, el niño también se verá afectado ahora y en el futuro”, explica. “Los niños necesitan rutina. Necesitan la escuela, las amistades, las actividades y otros adultos en quienes confiar. Cuando empiezan a perder esas conexiones, podemos ver más ansiedad, aislamiento, problemas de concentración y cambios de conducta”.

En la escuela, dice, los maestros muchas veces son los primeros en darse cuenta. “Creo que no se les reconoce lo suficiente. En muchos casos son los verdaderos héroes. A veces son la primera persona que nota que algo anda mal, la que consuela al niño, la que habla con los padres y la que conecta a la familia con servicios”.

Y advierte sobre un riesgo: que el niño termine señalado como el problema. “Los niños pueden convertirse fácilmente en el chivo expiatorio. Nos enfocamos en el niño que se porta mal o al que le va mal en la escuela, en lugar de preguntarnos qué está pasando alrededor de ese niño”.

El médico, solo si es grave

Con el médico, Marina es más cautelosa. Ella no tiene un seguro que cubra más que algunas emergencias. Sus hijos sí tienen cobertura médica con subsidio estatal. Pero siempre está el miedo. Cuando hace falta, intenta que las consultas sean en línea. Llevarlos a un consultorio es una decisión que posterga, salvo que se trate de algo grave. Siempre trata de no salir demasiado.

No es la única. Un estudio de la Academia Americana de Pediatría (AAP), con respuestas de 1,654 pediatras de todo el país recogidas entre abril y junio de 2026, encontró que el 39.6% había visto a familias inmigrantes dejar de buscar atención médica para sus hijos por miedo relacionado con su estatus migratorio. El 31.3% dijo que esas familias evitaban solicitar programas públicos, y el 21.3%, que evitaban mandar a sus hijos a la escuela. La propia AAP advierte que las cifras probablemente se quedan cortas.

Aclaración: en la parte 2 de este informe, indagaremos más en este aspecto puntual: las consecuencias de no asistir al médico para niños, niñas y adolescentes.

Qué dice la ley en Estados Unidos

Alexis Estrada es director legal de Mil Mujeres, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales migratorios con foco en mujeres sobrevivientes de violencia. Cuando le pregunto si ICE puede entrar a un hospital, se indigna con el solo hecho de imaginarlo. “Yo voy al hospital por una emergencia. Espero que me ayuden como amerita una emergencia”, dice. “¿Cómo es que voy a ir a un hospital y me van a estar esperando los agentes?”.

La respuesta legal tiene matices. La administración Trump eliminó en enero de 2025 la política federal que protegía escuelas, hospitales e iglesias como “lugares sensibles”. Nueva York respondió: el 29 de mayo de 2026, la gobernadora Kathy Hochul firmó un paquete de leyes que exige una orden firmada por un juez para que ICE realice operativos en hospitales, escuelas, guarderías, iglesias y centros de votación. La ley también prohíbe que las escuelas entreguen estudiantes a la custodia migratoria sin orden judicial, consagra el derecho de los niños a asistir a la escuela sin importar su estatus y prohíbe que los agentes usen máscaras. Pero el Departamento de Seguridad Nacional la rechazó, y se espera que sea impugnada en los tribunales.

A eso se suma la privacidad médica. La ley federal HIPAA protege la información de los pacientes, incluido su estatus migratorio. Según las normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos, un hospital o un médico no está obligado a entregar esos datos sin una orden judicial o una citación de un juez, y ninguna ley obliga a los profesionales de la salud a denunciar a personas indocumentadas. “Tu historia médica, tu nombre, lo que te pasó en el pasado: es privado”, resume Estrada. Si un hospital revelara esa información sin autorización legal, agrega, se expondría a sanciones y a perder mucho dinero.

La Greater New York Hospital Association, que agrupa a los hospitales de la región, recomendó a sus miembros designar a una persona de enlace para atender cualquier consulta de ICE y exigir una orden judicial antes de permitir el acceso a áreas no públicas. NYC Health + Hospitals, el sistema público de la ciudad, está desarrollando protocolos para cuando las autoridades migratorias llevan a una persona bajo custodia a uno de sus hospitales, como parte de una auditoría ordenada por el alcalde Zohran Mamdani. ICE, por su parte, sostiene que no realiza operativos en hospitales.

Aun así, este año hubo un episodio que sacudió esa sensación de resguardo. El 2 de mayo, ICE llevó a un detenido a la sala de emergencias del Wyckoff Heights Medical Center, en Bushwick. Según la concejala Sandy Nurse, los agentes permanecieron más de cinco horas dentro del hospital. Cientos de vecinos se reunieron afuera, y la Policía de Nueva York informó que al menos ocho personas fueron arrestadas en los enfrentamientos. La New York Immigration Coalition y legisladores locales denunciaron una violación de las leyes santuario de la ciudad.

El miedo de muchas familias, además, no está solo en la puerta del consultorio, sino en sus datos. En 2025, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) comenzaron a compartir con ICE información de beneficiarios de Medicaid. Nueva York fue uno de los estados que demandaron para frenarlo.

El 29 de diciembre de 2025, el juez federal Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, permitió que se compartieran datos básicos (estatus migratorio, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y número de Medicaid) solo de personas sin estatus legal para residir en el país, y prohibió compartir información sobre los servicios médicos recibidos o los datos de ciudadanos y residentes legales.

Esa orden sigue vigente mientras avanza el juicio. Pero en abril de 2026, la coalición de 22 estados encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, pidió al tribunal que la hiciera cumplir: denunció que el Departamento de Salud había entregado a ICE muchos más datos de los permitidos, incluidos los de ciudadanos y residentes legales. En julio, los estados volvieron a acusar al gobierno de violar la orden en reiteradas ocasiones. Hasta el cierre de esta nota, el tribunal no se había pronunciado.

Afuera de la escuela

En las escuelas, la regla es similar. El Departamento de Educación de la ciudad no pregunta el estatus migratorio de los estudiantes y no permite la entrada de ICE sin una orden judicial; incluso en ese caso, el director debe consultar a los abogados del Departamento. Según el Departamento, ningún agente de ICE ha entrado a una escuela pública de la ciudad. Pero, como advierte la Legal Aid Society, las paradas de autobús, las veredas y los parques cercanos no están protegidos.

Es decir: aunque los agentes no pueden arrestar a nadie dentro de la escuela, sí pueden hacerlo en sus inmediaciones. Estrada lo ha visto. “No van a hacer nada en las escuelas, no pueden”, explica. Pero, cuenta, los agentes pueden esperar a los padres “a dos o tres cuadras” de la escuela.

Ningún lugar seguro

Marina y su familia se hicieron miembros de una iglesia, y fue allí donde encontraron más amparo, emocional y físico. “Allí sentimos que pertenecemos a un espacio. Como que tenemos permiso de pertenecer”, explica.

Pertuz subraya la importancia de esos espacios. Lo que más ayuda a un niño a atravesar el estrés crónico, dice, es tener adultos seguros y constantes, rutinas, el apoyo de la familia y la conexión con la escuela y la comunidad. Pero también advierte lo que puede quedar cuando esa sensación de pertenencia se rompe. Años más tarde, el miedo sostenido puede aparecer como dificultad para confiar en las personas o para sentirse seguro en una relación. “Una persona puede tener mucho miedo a la separación o al abandono, o sentir que siempre tiene que estar preparada para que pase algo malo”, dice. “Estas experiencias tempranas también influyen en cómo alguien se ve a sí mismo y en dónde siente que pertenece”.

No todos los niños van a desarrollar un trastorno de salud mental, aclara. Pero el miedo sostenido aumenta el riesgo de ansiedad, depresión, síntomas relacionados con el trauma, problemas de sueño y dificultades para manejar las emociones. Y rara vez llega solo: muchas de las familias que evalúa ya vivieron violencia, pobreza, separaciones o migraciones difíciles, como Marina. “El miedo a otra separación suma una capa más de estrés emocional a todo lo que ya vivieron”, asegura.

Marina no ha buscado apoyo psicológico formal. Hablar con otras personas de la iglesia, dice, la ha ayudado bastante. Le ha costado mucho confiar en cualquiera que esté fuera de ese círculo, incluso en los ámbitos médico y escolar. Siente que no hay un lugar seguro para ellos.

Esa desconfianza también la ve Pertuz en los adolescentes, que le cuentan que les cuesta hablar con los consejeros escolares porque temen que no se respete la confidencialidad y que lo que digan llegue a un maestro. Y aun cuando una familia se anima a pedir ayuda, el sistema no siempre responde. “Una vez que reconoces que un niño necesita ayuda, ¿realmente tienes adónde mandarlo, y cuánto tiempo va a tener que esperar la familia?”, pregunta. En los últimos años, dice, ha visto listas de espera más largas, falta de personal y rotación de profesionales, en un sistema que tiende a responder cuando el niño ya está en crisis, en lugar de invertir en prevención.

Víctimas que también temen

Para quienes, como Marina, esperan una visa humanitaria, el clima también cambió. Mil Mujeres trabaja sobre todo con visas U para víctimas de delitos y peticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). Según Estrada, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hoy revisan cada caso “bajo un microscopio”: antecedentes menores que antes se resolvían con una carta que demostraba que el registro ya no existía, ahora exigen demostrar buen carácter moral y rehabilitación. “Ahora es súper estricto”, dice.

Estrada cuenta que hoy ve a personas con estos casos pendientes, sobrevivientes de violencia doméstica, acoso o trata, que temen ser arrestadas pese a haber colaborado con la policía. “Yo estoy aquí para ayudar”, dice, poniéndose en el lugar de una de esas víctimas. “Y ahora me dicen que me van a arrestar y me van a poner en procedimientos otra vez”.

¿Pueden arrestar o deportar a un niño?

Es la pregunta que muchas madres, como Marina, se hacen en silencio. La respuesta depende, ante todo, de dónde nació el niño.

Si el niño es ciudadano

Un niño nacido en Estados Unidos es ciudadano estadounidense, y ICE no puede arrestarlo por motivos migratorios ni deportarlo. La administración Trump intentó limitar ese derecho con una orden ejecutiva, pero la Corte Suprema la rechazó en su fallo del 30 de junio de 2026.

Eso no significa que esté a salvo de las consecuencias. Si su madre o su padre es detenido, el niño puede quedar sin quien lo cuide, o terminar saliendo del país con su familia.

En julio de 2025, ICE reemplazó la directiva que desde 2022 protegía los derechos de los padres detenidos. Según un análisis de la Women’s Refugee Commission, una organización sin fines de lucro, la nueva directiva ya no exige que los agentes tengan en cuenta si una persona es madre o padre al decidir si la arrestan o la detienen, ni que intenten alojarla cerca de sus hijos. Donde antes decía que ICE “facilitará” que los padres organicen el cuidado de sus hijos antes de una deportación, ahora dice que “debería” hacerlo “en la medida en que sea operativamente posible”. Y los padres que decidan dejar a sus hijos en Estados Unidos deben comunicarlo a ICE por escrito.

Por eso Estrada insiste en tener un plan y un número de contacto de alguien de confianza. Y por eso Pertuz recomienda que los niños sepan que ese plan existe.

Si el niño no es ciudadano

Los hijos de Marina nacieron en Ecuador, como muchos de los niños de familias recién llegadas. En su caso, la ley no establece una edad mínima: ICE puede arrestar a un niño o a una niña sin estatus legal, y un juez de inmigración puede ordenar su deportación.

Los registros de ICE lo muestran. Como se vio más arriba, en los últimos 18 meses la agencia registró el arresto de 1,295 menores de 18 años en el estado de Nueva York y de 178 en Nueva Jersey, según estadísticas oficiales publicadas por ICE, recopiladas por el Deportation Data Project y analizadas por Latido Beat. La mayoría fueron procesados sin quedar detenidos, en general junto a sus familias.

Lo que cambia es qué pasa después, según si el niño está solo o acompañado.

Si está con su madre o su padre, el niño sigue el caso de la familia. Si la familia queda detenida, rigen los estándares del acuerdo Flores, un acuerdo judicial vigente desde 1997 que obliga al gobierno a mantener a los niños en el entorno menos restrictivo posible, a darles alimentación, agua y atención médica, y a priorizar su liberación con familiares. El gobierno intentó terminar ese acuerdo, pero la jueza federal Dolly Gee rechazó el pedido en agosto de 2025.

Si está solo, es decir, si es menor de 18 años, no tiene estatus legal y no hay en el país un padre o tutor disponible para cuidarlo, la ley federal lo considera un “niño no acompañado”. La Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de la Trata (TVPRA), de 2008, obliga al Departamento de Seguridad Nacional a transferirlo en un plazo de 72 horas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La ORR lo aloja en un refugio u hogar temporal y busca entregarlo a un familiar que actúe como patrocinador. Salvo los niños de México y Canadá, que pueden ser devueltos tras una evaluación en la frontera, un niño no acompañado no puede ser deportado de inmediato: tiene derecho a una audiencia completa ante un juez de inmigración y puede pedir asilo o una visa especial para menores abandonados o maltratados (SIJS).

Qué cambió para los niños

En el papel, esas protecciones siguen vigentes. En la práctica, se debilitaron. Según Kids in Need of Defense (KIND), una organización sin fines de lucro que representa a niños no acompañados, el gobierno amplió el acceso de ICE a la información de la ORR sobre los niños y sus patrocinadores, y el tiempo promedio que un niño pasa bajo custodia de la ORR subió de 67 días en octubre de 2024 a 187 días en julio de 2025. Casi 500 niños volvieron a la custodia federal después de “visitas de bienestar” de agentes federales a sus casas, en algunos casos porque sus patrocinadores fueron objeto de operativos migratorios.

Además, en febrero de 2025 el gobierno ordenó suspender el programa que financiaba abogados para más de 26,000 niños no acompañados. Un tribunal federal bloqueó esa decisión, pero el caso sigue en apelación. Los niños no tienen derecho a un abogado pagado por el Estado en los tribunales de inmigración, y Human Rights Watch ha documentado casos de niños que comparecieron solos ante un juez. Según un análisis del American Immigration Council, citado por Human Rights Watch, los niños sin abogado tienen muchas más probabilidades de recibir una orden de deportación.

En octubre de 2025, el gobierno empezó además a ofrecer dinero a los niños no acompañados para que se vayan.

Según un aviso de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados enviado el 3 de octubre de 2025 a los proveedores de servicios legales, el Departamento de Seguridad Nacional otorga un pago único de 2,500 dólares a los niños de 14 años o más que estén bajo custodia federal y acepten una salida “voluntaria” del país, una vez que un juez de inmigración la apruebe. Los niños mexicanos quedan excluidos.

El aviso pide a los trabajadores de los refugios que, en un plazo de 24 horas, pongan en contacto al abogado del niño con el coordinador de menores de ICE. La congresista Diana DeGette, de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, advirtió en una carta al secretario de Salud que la oferta podría hacerse sin un abogado presente y “usar la desesperanza de los propios niños detenidos en su contra”.

Qué pueden hacer las familias

Ni Pertuz ni Estrada creen que la respuesta sea encerrarse. Pero ambos coinciden en que la preparación reduce el miedo.

Estrada insiste en una distinción que muchas familias desconocen: USCIS y los tribunales de inmigración son entidades distintas, que no se comunican entre sí. USCIS se encarga de los beneficios; en la corte, la persona se defiende de la deportación. Si alguien recibe un aviso para comparecer ante un juez, conviene buscar asesoría legal antes de presentarse. También recomienda tener siempre a mano el número de alguien de confianza, idealmente con estatus legal, que pueda responder si algo pasa; llevar copias, nunca originales, de los documentos que prueban cualquier protección o caso en trámite; y desconfiar de los “notarios”. “No confíen en los notarios”, repite.

Pertuz, por su parte, pide a los padres que sean honestos con sus hijos sin darles más información de la que pueden manejar. “Evitaría promesas como ‘no va a pasar nada’, si uno no lo puede garantizar”, dice. En cambio, un padre puede decir: “Los adultos estamos ocupándonos de esto, y tenemos un plan para que siempre estés cuidado”. Los niños, explica, necesitan contención, rutinas y saber que los adultos tienen un plan. “A veces la incertidumbre da más miedo que la información misma”.

Las señales de alerta, para padres, maestros y pediatras, son los cambios en la conducta habitual del niño: problemas para dormir, pesadillas, dolores frecuentes de estómago o de cabeza, llanto, irritabilidad, aislamiento, dificultad para concentrarse, malas notas, más apego a los padres, o preguntar una y otra vez si su mamá o su papá están bien. Como la hija de Marina, que llama una y otra vez.

Y para quienes, como ella, tienen miedo de pedir ayuda, un consejo práctico: no hace falta contar todo en la primera llamada. “Empiecen por hacer preguntas. Pregunten qué servicios hay, qué es confidencial y quién va a tener acceso a la información”, dice Pertuz. “A veces, encontrar una persona o una organización en la que confiar es suficiente para empezar a conseguirle a su hijo el apoyo que necesita”.

Cuando le pregunto qué es lo más importante que quisiera que la gente entendiera, Pertuz vuelve al principio. “Quiero que recordemos que los niños no tienen control sobre nada de esto. No votan, no crean las políticas migratorias y no deciden dónde nacieron sus padres ni cuál es su estatus migratorio. Pero igual pueden sufrir las consecuencias de esas decisiones”.

Marina sigue saliendo cada mañana. Lleva a sus hijos a la escuela, va a trabajar, vuelve. Los domingos, la iglesia. El resto del mundo queda del otro lado de la puerta. Su hija sigue llamándola muchas veces seguidas.

La vida sigue rodando…

En la próxima entrega: qué ven los pediatras y los investigadores en los consultorios de Nueva York, y qué derechos tienen las familias cuando cruzan la puerta de un hospital.