Por Roxana de la Riva / La Prensa de Orlando
Un inusual desacuerdo sacude la política migratoria en Florida, desde que varios sheriffs del estado —muchos de ellos aliados republicanos— expresaron públicamente un enfoque más flexible para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales y con años viviendo en sus comunidades. Algo con lo que el gobernador Ron DeSantis no está de acuerdo.
La tensión surgió luego de que el Consejo Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, compuesto por sheriffs y jefes policiales, votara enviar una carta al Congreso y al presidente proponiendo una vía hacia la regularización o estatus legal para personas sin historial criminal, especialmente aquellas con raíces profundas en el estado.
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, quien preside el consejo, defendió la propuesta argumentando que las medidas deberían centrarse en criminales y no en familias establecidas.
“No creo que sea correcto ir tras una madre con tres hijos que ha estado aquí durante 15 años y que no ha cometido ningún delito”, sostuvo Judd al explicar la recomendación del consejo.
Sin embargo, DeSantis rechazó la propuesta de forma tajante y reiteró su postura de deportación para cualquier persona que permanezca en el país sin estatus legal, independientemente de si tiene antecedentes penales o no.
“Mi trabajo como gobernador es hacer lo mejor para la gente, no lo que piense cualquier persona elegida en un condado”, afirmó DeSantis al responder a los sheriffs y defender su política migratoria más estricta.
Ruptura entre aliados
El choque resultó particularmente llamativo porque muchos de los sheriffs han colaborado previamente con el gobernador en iniciativas de control migratorio. Durante años, los 67 condados del estado han mantenido una coordinación relativamente alineada con la estrategia de la administración estatal.
El alguacil insistió en que las fuerzas del orden en Florida mantienen una estrecha colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y que no existe ninguna desviación de las políticas establecidas por el gobierno estatal o federal. Según dijo, su intención es aportar información basada en la experiencia diaria en el terreno, no definir la política migratoria.
El consejo de sheriffs, creado por la Legislatura de Florida, funciona como un órgano asesor en materia de políticas públicas, integrado por expertos en seguridad. Su rol es analizar datos, identificar tendencias y ofrecer recomendaciones a la junta estatal encargada de tomar decisiones.
La división, aunque las partes la minimizan, se mantiene latente debido a las posturas opuestas expresadas por los funcionarios. La tensión se profundizó mientras el gobernador impulsaba medidas adicionales, incluyendo centros de detención administrados por el estado, conocidos informalmente como “Alligator Alcatraz”, pese a la oposición de algunos líderes policiales locales.
Judd relató el caso de una joven que fue traída desde Colombia cuando era niña y que, ahora en sus veintitantos años, intentaba completar su proceso de regularización migratoria. Sin embargo, fue detenida en la sala de espera de ICE para ser deportada. “Ella decía: ‘¿A dónde voy en Colombia? No tengo familiares, no conozco a nadie allá’”, explicó el sheriff.
Ese caso, según Judd, ejemplifica por qué él y el consejo trabajan en una carta dirigida a los líderes del país. La intención es que las autoridades prioricen a quienes cometen delitos, en lugar de que las fuerzas del orden tengan que aplicar medidas amplias que incluyan a todos los inmigrantes indocumentados.
“Si mañana agitaran una varita mágica y dijeran que vamos a resolver esto, aun así tendríamos toda una vida de trabajo para sacar del país a los inmigrantes indocumentados que están aquí cometiendo crímenes”, añadió Judd.
Impacto en la comunidad hispana
Para muchos residentes hispanos, el debate refleja una realidad cotidiana marcada por la incertidumbre.
“Aquí hay familias que trabajan, pagan impuestos y llevan años construyendo su vida. No son criminales, son vecinos”, dijo José Martínez, residente hispano en Orlando. “Escuchar que podemos ser deportados aunque no hayamos hecho nada genera miedo y mucha inestabilidad”.
La confrontación evidencia una fractura poco común dentro del propio bloque republicano en Florida y pone en el centro del debate el trato hacia inmigrantes sin antecedentes penales, un tema que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como en las comunidades locales.
