El caso de Ramiro, un emprendedor residente de Greeley, Colorado, ejemplifica el impacto financiero devastador de las multas civiles impuestas a inmigrantes indocumentados desde mediados de 2025. Ramiro, quien tiene una pequeña empresa que hace pisos y acabados en desarrollos de nuevas viviendas, recibió a principios de junio una factura de más de $1.4 millones por parte del gobierno federal.
La notificación, emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusa a Ramiro de no haber salido del país a tiempo conforme a una Orden Final de Expulsión Administrativa, un cargo basado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La carta de cobro detalla un monto total adeudado de $1,401,192.00 por Ramiro, quien ha vivido en el país por casi dos décadas. Llegó en 2004 y tiene tres hijos ciudadanos americanos, dos de ellos menores de edad, además de ser dueño de una propiedad en Greeley, Colorado, desde 2015.
Originalmente el proceso de deportación de Ramiro comenzó en enero de 2012, tras ser detenido por manejar sin licencia. A pesar de que Ramiro alega que no le habían entregado aun la licencia, las autoridades lo consideraron un infractor recurrente. Su defensa migratoria se vio afectada por lo que él y su actual asesor legal identifican como una mala representación por parte de su primera abogada, que incluyó errores en la notificación de comparecencia y en la gestión de su caso, lo que la misma abogada reconoció posteriormente en una apelación.
La multa impuesta a Ramiro llegó en junio de 2025, después de que en 2024 recibiera la decisión final negativa respecto de una apelación que él había realizado a una orden de salida voluntaria emitida en 2021.
Los asesores legales de Ramiro aseguran que la multa debería haber tenido efecto solo desde que se le negó la apelación en 2024. Sin embargo, el monto de la multa fue calculado como si se hubiera incumplido la orden inicial de 2021. Ya ese monto incluye intereses.
Multas civiles, fuente de presión para abandonar el país
Este cobro se da en el contexto de una política de la administración Trump que ha impuesto altas multas civiles a inmigrantes con el fin de presionarlos a salir de EE. UU.
El documento recibido por Ramiro indica que el monto debía pagarse en su totalidad antes del 6 de junio de 2025 y advierte sobre graves consecuencias si no lo hace, incluyendo la acumulación de intereses del 5% y una penalidad del 6% después de 91 días. Si el pago no se realizaba en 60 días, su deuda iba a ser referida al programa Cross-Servicing del Departamento del Tesoro, donde se pueden agregar costos administrativos de más del 32%.
Otras posibles acciones de cobro, que las autoridades federales le advirtieron a Ramiro, incluyeron la reducción de pagos federales o estatales, la remisión a agencias de cobro privadas, el litigio por el Departamento de Justicia, el reporte a burós de crédito e incluso reportar la deuda al IRS como potencial ingreso.
Demanda colectiva contra las
Una coalición de abogados ha presentado una demanda colectiva por abuso de poder en el tribunal federal para el Distrito de Massachusetts contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y el Departamento de Justicia. El objetivo de la demanda, a nombre de dos inmigrantes, María L. de Massachusetts y Nancy M. de Florida, que enfrentan multas de 1,8 millones de dólares, es que estas multas sean declaradas inconstitucionales y eliminadas.
Los demandantes argumentan que las sanciones violan múltiples protecciones constitucionales, incluyendo la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda (al imponer multas sin previo aviso ni oportunidad real de impugnación), la cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda (al ser manifiestamente desproporcionadas y ruinosas), y el derecho a un juicio por jurado de la Séptima Enmienda (al imponerse mediante procedimientos internos de las agencias).
La demanda busca representar a más de 21.500 personas que han recibido estas sanciones desde mediados del 2025, cuyo monto total se estima en más de $6 mil millones de dólares. Si esta demanda colectiva prospera, podría beneficiar directamente a Ramiro, anulando la multa de $1,4 millones y prohibiendo al gobierno imponer o cobrar dichas sanciones en el futuro. No lo hemos visto nuevamente y nos quedan dos dudas. La primera es saber si sigue o no en EE.UU. y la segunda es conocer si esa deuda siguió creciendo.
