Por Domingo Banda y Claudy Morales / La Prensa de Houston
Apenas el 5 de septiembre de 2025, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, Edward M. Chen, emitió una orden final que anuló la decisión de la Secretaria Noem y permitió que la designación de Venezuela al TPS (Programa de Protección Temporal) para 2023 siguiera vigente.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había determinado que Venezuela ya no cumplía con las condiciones para su designación al Estatus de Protección Temporal (TPS), y publicó su decisión de cancelar la designación de Venezuela para el año 2021, que entrará en vigor el 7 de noviembre de 2025, según comunica online el sitio oficial de USCIS.
Esto significa que las protecciones del TPS bajo la “designación 2021” dejarán de aplicarse para los beneficiarios que dependían solo de esa designación. En otras palabras, el estatus de protección temporal, los permisos de trabajo asociados y las protecciones frente a la deportación cesan para quienes estaban amparados bajo esa designación específica.
“Definitivamente, es un juego político y la gente lo sabe, ahora sí, es una pelota que se avienta de un lado a otro y donde mejor convenga. Tiene mucho que ver lo económico en esto. Está viendo si meter dinero en esos programas, pero deciden que mejor no y meterlo en los centros de detención y allí harán dinero. Todo es dinero, todo es político y cero humanidad”, expresó Martina Grifaldo de Alianza Latina Internacional, organización sin fines de lucro que se dedica a velar por los derechos de los inmigrantes en el área de Houston.
De primera mano, Grifaldo ha visto la dramática situación en que la comunidad venezolana, protegida por el TPS, ha estado viviendo en meses recientes, al estar al tanto de lo que sucederá en las siguientes semanas con su situación migratoria y el debate de si asistir a las citas migratorias que tienen pautadas.
“La gente está espantada con incertidumbre porque sabe que hasta en las citas de huellas están deteniendo a personas; antes era un procedimiento seguro, pero ahora los detienen allí. Ahora la gente está indecisa de ir o no a la cita, porque saben que seguramente algo pasará allí”.
En Houston, la comunidad venezolana se ha triplicado desde el año 2012. Ahora en esta región residen entre 54.000 y 60.000 venezolanos, según estadísticas publicadas por el medio Houston Landing. Mientras que el periódico Houston Chronicle asegura que la mayor concentración de venezolanos está en el área oeste de la ciudad, el suburbio de Katy.
Entre los residentes venezolanos en la ciudad espacial, está un gran porcentaje de los 607.000 ciudadanos venezolanos cubiertos por el TPS a nivel nacional, de acuerdo con los registros del Migration Policy Institute.
Voces en la incertidumbre
Hablar con venezolanos bajo TPS no es fácil. La mayoría pide no ser identificada por miedo. Ese temor viene del trauma de haber vivido en un país donde opinar en contra puede costar la libertad, y del riesgo de que aquí un error administrativo borre años de esfuerzo.
Una pareja en Houston lo resume bien. Ella empezó limpiando casas y hoy dirige una pequeña empresa de limpieza; él trabaja en construcción. Con mucho esfuerzo compraron una casa, pero el crédito aún está lejos de pagarse. “Ni siquiera vendiéndola podríamos recuperar lo invertido”, cuentan. Cada día revisan las noticias con ansiedad, sin saber si el TPS seguirá o si todo lo que lograron se perderá.
Otro caso es el de una mujer de 65 años que llegó sola por la frontera. Con el TPS pudo pagar un carro y la renta de un apartamento que comparte con un «roommate». No tiene nada en Venezuela. Un día, agentes de inmigración tocaron a su puerta buscando a un antiguo inquilino. “Pensé que venían por mí”, relata. “Casi me da un ataque, porque estoy sola y no sé qué haría si me quedo sin papeles”.
También está la historia de una pareja cuyos hijos ya son adolescentes. Los muchachos entienden lo que está pasando y tienen miedo de convertirse en indocumentados en un momento en que aumentan las operaciones de ICE y las redadas de patrullas fronterizas. “Lo peor es no poder decidir”, dicen los padres. “Un día parece que sí, otro que no. ¿Cómo les explicamos a los hijos que todo puede cambiar de un día para otro?”.
A esto se suma la angustia de quienes esperan respuesta a sus solicitudes de asilo político. Muchos llevan años en proceso y saben que la aprobación es baja. Algunos, incluso después de presentarse en corte, han terminado detenidos y deportados al desestimarse su caso. Sus hijos han crecido aquí, en escuelas estadounidenses, sin imaginar otro futuro, y hoy preguntan: “¿Dónde vamos a ir si nos quitan el TPS?”.
Entre el miedo y la esperanza
La paradoja de esta comunidad es evidente: llegaron huyendo del miedo y lo encontraron de nuevo en la incertidumbre migratoria. Han demostrado capacidad de aportar y levantar vidas en Houston, pero siguen atrapados en un “un día sí, un día no” que define si son parte de la sociedad o quedan fuera.
En medio de cifras, resoluciones y plazos, lo que se juega no es solo un estatus legal. Son familias, proyectos y sueños. Y, sobre todo, la certeza de que volver a Venezuela no es opción.
