Por Roxana de la Riva
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de no cerrar el centro de detención de migrantes indocumentados Alligator Alcatraz como un triunfo político y legal tanto para el estado como para la agenda del presidente Donald Trump.
“El 11.º Circuito no sólo bloqueó la orden de la jueza Williams para cerrar Alligator Alcatraz, sino que también le prohibió continuar con el caso hasta que finalice la apelación. ¡Es una victoria para Florida y para la agenda del presidente Trump!”, afirmó Uthmeier al dar a conocer el fallo, que de inmediato agitó el debate político y social en el estado.
La resolución judicial representó un duro revés para los grupos ambientalistas y de derechos humanos que desde hace meses luchan por cerrar la instalación. El panel dividido de tres jueces no llegó a revocar la orden judicial, derivada de una demanda presentada en junio por organizaciones conservacionistas que buscan proteger la vida silvestre en peligro y los frágiles ecosistemas de los Everglades. Sin embargo, la decisión permite de manera temporal que los funcionarios estatales y federales reanuden las operaciones del centro de detención mientras se resuelve la apelación.
“La batalla apenas comienza, y estamos comprometidos a seguir luchando. El tribunal emitió una orden de suspensión limitada. Si bien fue decepcionante, nunca esperamos que el éxito final fuera fácil. Esperamos que la orden preliminar se confirme cuando se revise en sus fundamentos durante la apelación”, señaló Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. La activista advirtió que las administraciones de DeSantis y Trump estarían “desperdiciando dinero” al insistir en operar una instalación “imprudente, que está causando daños a los Everglades y que finalmente será cerrada”.
De acuerdo con algunas cifras reveladas el estado firmó contratos con proveedores por al menos $405 millones para construir y operar el centro, que originalmente se estimaba costaría $450 millones anuales en funcionamiento. A finales de julio, ya se habían desembolsado 245 millones de dólares sólo para mantenerlo operativo desde su apertura el 1 de julio.
“Se gastaron $200 millones para construirlo. En mi opinión, los compadres de Trump y de DeSantis son quienes realmente se han beneficiado de todo ese dinero. Eso no es gobernar para el pueblo, eso es un mundo de millonarios que desprecian a los hispanos. Por eso se prestan a este tipo de maniobras, y ya estamos hablando de casi medio billón de dólares desperdiciados”, dijo Trini Quiroz activista comunitaria defensora de los inmigrantes.
Por qué Alligator Alcatraz es tan controvertido
El apodado “Alligator Alcatraz” ha sido durante meses un símbolo de la pugna entre la política migratoria de mano dura impulsada por la Casa Blanca y la preocupación de científicos y defensores de derechos humanos. Construido originalmente como un aeropuerto, el sitio fue adaptado para funcionar como un centro de detención migratoria en medio de un discurso político que enfatiza la seguridad fronteriza y el control de la inmigración irregular.
Los opositores al centro sostienen que el lugar pone en riesgo a especies que dependen de los humedales para sobrevivir.
Además, denuncian que el uso de la instalación contradice acuerdos de conservación firmados hace años para proteger áreas críticas del ecosistema. A ello se suman las acusaciones de condiciones inadecuadas para los migrantes detenidos, con testimonios que describen hacinamiento, falta de acceso médico y restricciones para comunicarse con familiares y abogados.
Por ejemplo, la experiencia de quienes pasaron por sus instalaciones revela el impacto humano de la controversia. Martín González, padre de Carlos y Óscar, relató a este medio la incertidumbre que vivieron sus hijos durante los diez días que permanecieron en el controvertido centro migratorio, levantado en medio de los Everglades, antes de ser expulsados a Matamoros, México, el 27 de julio. Carlos había sido detenido el 7 de julio en Orlando por una infracción de tránsito y, junto con su hermano, fue trasladado diez días más tarde a la instalación ubicada cerca de Miami.
Según Martin, lo que vivieron sus hijos allí fue “una pesadilla”.
“Carlos me dijo que había unas mil personas de distintos países, la mayoría hispanos. Eran víctimas de maltrato psicológico, peleas por la comida y hasta cuando iban al baño lo hacían amarrados. Fue un trato abusivo, como si no valieran nada”, relató Martín.
Mientras la abogada que lleva el caso aún recaba información y la familia busca alternativas legales, la experiencia de los González se desarrolla en paralelo a la decisión judicial: una jueza federal ordenó el cierre del centro el 21 de agosto tras encontrar pruebas de que su operación dañaba gravemente los Everglades, hogar de especies en peligro como la pantera de Florida.
Por el momento el gobierno federal apeló y ganó. El propio Uthmeier endureció su mensaje tras conocer el fallo.
“Esta es una victoria asegurada contra una jueza activista que incluso me había declarado en desacato”, dijo el fiscal general, insistiendo en que la suspensión de la orden de Williams.
Ese tono combativo refleja el ambiente de confrontación que rodea el caso. Para el gobernador DeSantis, Alligator Alcatraz encarna su política de firmeza frente a la inmigración y su rechazo a lo que considera injerencia de jueces federales. Para Trump, representa un frente más en su promesa de mantener la seguridad nacional y controlar los flujos migratorios. Ambos han encontrado en el centro de detención un escenario para reafirmar sus posturas frente a una base política que aplaude estas medidas.
Grupos ambientalistas y de derechos humanos no pierden la esperanza
Sin embargo, los grupos ambientalistas y de derechos humanos muestran otra cara de la moneda, que insisten en que la suspensión es solo temporal. A su juicio, el caso se definirá en los méritos y terminará inclinándose a favor del cierre definitivo de la instalación. “Los Everglades son demasiado importantes para ser tratados como un terreno político”, insistió Samples, marcando el tono de una batalla que promete prolongarse en los tribunales y en la opinión pública.
El proceso legal podría extenderse hasta 2026, lo que mantendría el futuro del centro en una incertidumbre prolongada. Durante ese tiempo, la instalación seguirá operando bajo la supervisión de las autoridades estatales y federales, aunque bajo la mirada crítica de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales.
