Maria Lavandera reporteó esta historia durante su participación de la USC Annenberg Center for Health Journalism’s 2026 National Fellowship “Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism”.

Era junio de 2025 y los operativos de inmigración acababan de empezar en Los Ángeles. En la clínica de la pediatra Sural Shah, una madre lloraba. Su hijo tenía una condición de salud compleja y necesitaba ver a varios especialistas. Ella hacía cuentas en voz alta: si llevaba al niño a la próxima cita y algo pasaba en el camino, ¿quién lo iba a llevar a la siguiente? ¿Podía saltearse una? ¿Cómo se decide algo así?

“Nunca voy a olvidar eso”, dice la Dra. Shah, quien es también presidenta del Consejo sobre la Salud de Niños y de las Familias Inmigrantes de la Academia Americana de Pediatría (AAP).

Esa pregunta, “cómo se decide”, es la que hoy se hacen miles de familias inmigrantes en Estados Unidos cada vez que un hijo tiene fiebre, tos o un dolor que no se va. Shah la resume así: “Cuando los padres deciden si llevar o no a sus hijos al médico, tienen que evaluar: ¿está lo suficientemente enfermo ahora? ¿Y ahora? ¿Está tan enfermo que tengo que llevarlo, o es más seguro quedarnos en casa?”.

“Son decisiones imposibles para una familia”, agrega.

En la primera entrega de esta investigación conocimos a Marina (*no es su verdadero nombre, sino que se cambió para proteger su identidad), una madre ecuatoriana en Nueva York que posterga las consultas médicas de sus hijos salvo que sea algo grave, y que intenta resolver lo que puede por teléfono o videollamada. En un sondeo entre 15 madres migrantes latinas del Bronx, la mayoría describió una evaluación similar en su día a día: qué tan mal tiene que sentirse un niño para que valga la pena “una salida más”.

Esta segunda entrega pregunta qué pasa cuando esa cuenta se repite en millones de hogares. Qué ven los pediatras en sus consultorios, qué muestran los datos y qué derechos tienen las familias cuando cruzan la puerta de un hospital.

La perspectiva de los pediatras en los consultorios

La Academia Americana de Pediatría (AAP) realiza anualmente el Pediatrician Life and Career Experience Study (PLACES), un estudio que desde 2012 sigue a distintos cohortes de pediatras, una muestra representativa de todo el país, “para obtener información precisa y actualizada sobre las experiencias personales y profesionales” de médicos en esta especialidad, según reza la información oficial de la AAP.

Entre abril y junio de 2026, la AAP incluyó en su encuesta anual preguntas sobre las familias inmigrantes. Respondieron 1,654 pediatras.

Los resultados, publicados en septiembre en la revista Pediatrics, fueron contundentes. En promedio, los pediatras calcularon que una de cada cuatro de las familias que atienden (el 26.2%) es inmigrante. 

Asimismo, el 39.6% reportó que tales familias inmigrantes trataron de evitar la atención médica para sus hijos por miedo relacionado con su estatus migratorio. Hay otro número que dice tanto como esos: el 37.9% de los pediatras respondió que “no sabía” si las familias estaban evitando la atención médica. Para la AAP, eso significa que las cifras podrían ser potencialmente mayores.

Asimismo, el 31.3% reportó conocimiento de familias que evitaron solicitar programas del gobierno, y el 21.3% reportó saber que evitaban mandar a sus hijos a la escuela, en ambos casos por miedo a un encuentro con ICE.

La pediatra Gabriela Maradiaga Panayotti, que atiende en Durham, Carolina del Norte, forma parte de la AAP, y ha estado involucrada en el último registro de PLACES, lo confirma desde la práctica. “Estoy cien por ciento de acuerdo en que es un subregistro, y por mucho”, dice. Cuando hubo un operativo migratorio en su zona, recuerda, las clínicas quedaron “vacías durante dos semanas”.

Parte del subregistro, explica, se debe a que un pediatra no siempre sabe por qué un paciente dejó de venir. Ha visto a colegas a los que “se les prende la lamparita”: se preguntan por qué faltan tantos chicos a sus citas, hablan con los intérpretes de la clínica y descubren que en esas casas la abuela o la mamá no tienen papeles. “Ahí se dan cuenta de la enormidad del problema”, dice.

La otra parte es más difícil de medir: las familias que simplemente desaparecen. “Los pediatras no sabemos cada vez que alguien falta a una cita. Los especialistas no lo saben”, dice Shah.

En entrevista, Shah cita un estudio de colegas del sistema de salud del condado de Los Ángeles, que analizó el uso de las salas de emergencia mientras los operativos alcanzaban su pico en la ciudad. No se limitó a niños, pero encontró dos cosas: menos personas llegaban a emergencias, y las que llegaban estaban más enfermas. “Cuando miras el lado humano de esto, eso es lo que significa”, dice.

Se refiere al estudio titulado “Emergency Department Visits After Heightened Immigration Enforcement in Los Angeles County» («Visitas a departamentos de emergencia tras el aumento de la aplicación de las leyes de inmigración en el condado de Los Ángeles«), realizado en conjunto por investigadores de la Universidad del Sur de California (USC), la Universidad de California en Irvine (UCI) y el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles. El análisis se centró en los registros de tres importantes hospitales públicos que sirven como «red de seguridad» en la región: el LA General, el Harbor-UCLA y el Olive View-UCLA, tras un periodo de operativos y redadas migratorias intensificadas de ICE en junio de 2025.

Fue publicado el 5 de octubre de 2026 en la revista científica JAMA Network Open. Sus dos conclusiones principales fueron: por un lado, que en las primeras cuatro semanas posteriores al aumento de los operativos, las visitas a urgencias por parte de pacientes nacidos en el extranjero cayeron más de un 20% en comparación con los pacientes nacidos en EE. UU.; por otro lado, aquellos pacientes inmigrantes que sí se atrevieron a acudir a la sala de emergencias requirieron ser internados en el hospital en proporciones mucho más altas. Según el estudio, las tasas de admisión hospitalaria subieron cerca de 5 puntos porcentuales para pacientes de México (4.8 puntos), Centroamérica y Sudamérica (5.1 puntos).

Qué cuentan las familias migrantes sobre su experiencia

Mientras la AAP analizó la perspectiva del sector médico, KFF enfocó su mirada en los hogares. En colaboración con The New York Times, la organización llevó a cabo la Encuesta de Inmigrantes 2025, desplegada del 28 de agosto al 20 de octubre de 2025. 

A partir de este esfuerzo conjunto, el 2 de marzo de 2026 se presentó un informe específico titulado «Health and Health Care Experiences of Immigrant Parents and Their Children» («Salud y Experiencias con el Cuidado de la Salud de Madres y Padres Migrantes y de sus Hijos«).

En dicha encuesta, el 30% de los padres inmigrantes consultados dijo que alguno de sus hijos había faltado, postergado o dejado de recibir atención médica en el último año. La razón más mencionada no fue una restricción económica ni la falta de seguro, sino el miedo relacionado con la inmigración (14%), que figuró por delante de los problemas de horario o distancia (13%) e inclusive del costo (12%). 

Asimismo, entre los padres que “probablemente no tienen documentos” (según definición específica del estudio), el 58% dijo que un hijo había faltado o postergado atención, y el 43% lo atribuyó a preocupaciones migratorias.

“El costo y la falta de seguro siempre han sido barreras para la atención médica, incluso para los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Esos resultados eran esperables”, dice Drishti Pillai, Directora de Políticas de Salud para Inmigrantes de KFF y una de las autoras principales del estudio. “Lo que se destacó ahora es que entre los padres y madres indocumentados, casi la mitad dijo que su hijo dejó de recibir atención por preocupaciones sobre el estatus migratorio. Es una vez y media más que la proporción que lo atribuyó al costo. Eso puede ser considerado algo propio de esta administración”.

El miedo no se queda en los adultos. El 27% de los padres inmigrantes dijo que algún hijo había expresado preocupación de que algo malo le pasara a un familiar por ser inmigrante. Entre los padres hispanos, la cifra sube al 39%, y entre los padres y madres que probablemente no tienen documentos, al 60%.

Para Pillai, la diferencia tiene una explicación: los inmigrantes hispanos tienen más probabilidades de no ser ciudadanos y de no tener documentos, y los operativos de esta administración se han concentrado en ese grupo, incluidos los lugares de trabajo como la construcción y el campo.

El 18% de los padres y madres migrantes consultados dijo que el bienestar de un hijo se había visto afectado: problemas para dormir o comer (14%), cambios en el rendimiento o la asistencia escolar (12%) y problemas de conducta (12%). Entre los padres probablemente indocumentados, el 46%.

Pero lo que más impresionó a la investigadora fue otra cosa. “Estos impactos ocurren en todos los estatus migratorios”, dice. Uno de cada cinco padres ciudadanos naturalizados y casi uno de cada cuatro con estatus legal contaron que sus hijos expresaron esos miedos. “Aunque son ciudadanos, solo por el hecho de ser inmigrantes, muchos siguen expresando estos temores”, explica. Y muchos viven en familias de estatus mixto, donde alguien sí está expuesto a los operativos. “Entonces toda la familia, incluidos los ciudadanos, termina evitando la atención médica y los beneficios públicos por miedo”, indica la especialista.

Hay un dato que Pillai subraya: la mayoría de los niños de familias inmigrantes son ciudadanos estadounidenses. “Todos estos impactos negativos en la salud los están sufriendo, en su mayoría, niños ciudadanos”, asegura.

La preocupación económica, una carga más además del miedo a ICE

El miedo, además, llega en el peor momento económico. Según KFF, entre 2023 y 2025 la proporción de padres inmigrantes con problemas para pagar la atención médica pasó del 22% al 42%; para pagar la renta, del 22% al 36%; y para comprar comida, del 21% al 32%. El 47% de los padres dijo que las preocupaciones migratorias habían afectado su propia salud: más estrés, ansiedad o tristeza, problemas de sueño y hasta el empeoramiento de condiciones como la diabetes o la presión alta.

“Es casi una carga doble”, dice Pillai. “Las necesidades de atención médica y de salud mental aumentan por todos estos miedos, y al mismo tiempo cada vez es más difícil pagar o acceder a esa atención”.

También pesa la falta de seguro, cuya no adquisición también queda sujeta en muchos casos al miedo a “ser descubiertos” como indocumentados. El 15% de los padres inmigrantes tiene al menos un hijo sin seguro médico, y entre los indocumentados, el 27%.

Pillai explica por qué muchos niños que sí califican se quedan afuera: “Aunque el hijo sea ciudadano, la preocupación por tu propio estatus te desalienta a inscribirlo. Muchos padres sienten que si tienen que llenar papeles donde su estatus podría quedar expuesto, prefieren renunciar al beneficio, aunque su hijo tenga derecho”.

El miedo a que compartan sus datos…

Ese temor tiene un nombre. En un informe anterior de la misma encuesta, publicado en noviembre de 2025, KFF encontró que al 51% de los adultos inmigrantes, y al 78% de los que probablemente no tienen documentos, les preocupa que los proveedores de salud compartan su información con las autoridades migratorias.

¿Lo hacen? “No tenemos datos de que esto ocurra a través de los proveedores de salud”, aclara Drishti Pillai. “Al contrario, en muchos casos los proveedores abogan por sus pacientes inmigrantes”. 

Pero el miedo no surge de la nada: como se contó en la primera entrega, el Departamento de Salud y Servicios Humanos sí comparte con ICE datos básicos de beneficiarios de Medicaid sin estatus legal, y una coalición de estados, incluida Nueva York, denuncia que el gobierno ha ido más allá de lo que permite una orden judicial. “Las preocupaciones sobre el intercambio de datos son muy reales, porque es algo que está ocurriendo”, dice la investigadora.

¿Es posible saber qué política exacta aleja a cada familia del consultorio? Pillai cree que no. En grupos focales con inmigrantes indocumentados, algunos participantes contaron que sabían que ahora ICE podía estar en los hospitales. Pero, explica, “la presencia de ICE en los hospitales, los operativos en lugares de trabajo, la carga pública (N. de la R.: se refiere a la norma que penaliza los trámites de residencia si se usan ayudas estatales) todas estas políticas se superponen tanto que es muy difícil aislar el impacto de cada una”. Lo impresionante, dice, es la escala: “Todo esto está ocurriendo a una escala que no habíamos visto antes”.

Lo que se pierde cuando un niño o una niña no llega a atenderse

¿Qué significa, en concreto, que un niño no vaya al médico cuando lo necesita? La Dra. Maradiaga Panayotti lo explica con un caso sencillo. En enero de 2026 atendió a un niño que había faltado previamente a un control de rutina por miedo de su familia. Cuando finalmente llegó al consultorio, estaba bien. Pero ella no pudo dejar de pensar en lo que podría haber pasado. “Pensé: ‘Podría haberse vacunado contra la gripe y no lo hizo porque faltó a la cita. ¿Y si se contagiaba y terminaba internado?’”, dice. “Algo que uno piensa que no importa, que se vacunará en dos meses, puede ser algo enorme”.

La Dra. Shah suma que un niño o una niña necesita ser visto en persona y tener sus consultas de rutina, en que se controla su desarrollo, se detecta a tiempo un problema de alimentación, se aplica un sistema preventivo que evita enfermedades más graves. Ella lo constató fuertemente durante la pandemia: “Los niños necesitan ser vistos en persona. Necesitan sus vacunas, que se evalúe su desarrollo, que veamos cómo crecen. Eso pasa en la clínica”, asegura.

Y hay casos extremos. En Carolina del Norte, cuenta la Dra. Maradiaga Panayotti, los padres de un niño que recibía quimioterapia contra el cáncer no lo llevaron a una sesión porque tenían demasiado miedo. De nuevo, las decisiones imposibles aparecen al centro de la escena.

 “Es una decisión imposible que ningún padre debería tener que tomar: ¿mantengo unida a mi familia o llevo a mi hijo a recibir la atención médica que necesita?”, indica la doctora. En su comunidad, recuerda, hubo madres que acababan de dar a luz y tenían miedo de volver a su casa desde el hospital. Los vecinos se organizaron para llevarlas en auto, por temor a que las detuvieran en el camino con su bebé recién nacido.

Por su parte, Karina Albistegui Adler, directora del Programa de Justicia en Salud de New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI), en entrevista cuenta que ha visto situaciones similares en adultos. 

Hace poco su organización recibió el caso de una persona que tenía seguro médico pero llevaba un año sin tratarse un cáncer por miedo a entrar a un centro de salud. Otros, que dependen de diálisis, siguen yendo porque no tienen alternativa, pero dejan de hacer otras cosas que considerarían «no tan necesarias» para evitar más riesgos. “Van a la diálisis, pero no retiran la medicación que necesitan, o no van a la consulta de seguimiento, o no llevan al hijo a la otra cita, porque son demasiadas salidas”, explica.

El miedo eventualmente también enferma

Y un dato que no es menor. El miedo también enferma. La Dra. Maradiaga Panayotti ha visto a niños que retroceden en su desarrollo: “Antes iban solos al baño y ahora vuelven a mojar la cama”, ejemplifica. Otros llegan con síntomas vagos, como un dolor de estómago que dura tres semanas. “Ellos mismos no saben cómo poner en palabras que están tan tensos a la hora de la salida de la escuela, cuando mamá llega tarde. ¿Es que mamá se retrasó, o se la llevaron?”, comenta. En los más grandes, dice, aparecen la ansiedad, la depresión y las autolesiones.

La Dra. Shah explica qué pasa en el organismo. “Cuando los niños están expuestos al estrés durante períodos largos, sobre todo en ausencia de un cuidador amoroso, corren el riesgo de que ese estrés tenga efectos a largo plazo en su cuerpo: en su sistema inmune, en su sistema cardiovascular, en la arquitectura de su cerebro”. 

El riesgo es mayor cuando los padres son detenidos y el niño queda al cuidado de alguien que no puede darle la estabilidad que necesita. “Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay un cuerpo sólido de investigación. Y lo vimos durante la separación de familias”, asegura.

Además, hay una herida que no se ve. Cuando un niño es separado de su madre o su padre, dice la Dra. Shah, muchas veces lo vive como un abandono: “Piensan: ‘Mi mamá me dejó’. Y nada podría estar más lejos de la verdad”. Eso, advierte, puede dañar la relación entre padres e hijos durante años.

Drishti Pillai agrega la mirada de largo plazo. Los cambios de conducta en la infancia y los problemas de rendimiento o asistencia escolar, explica, pueden afectar a una persona hasta la adultez: sus posibilidades de empleo, sus ingresos, su aporte a la comunidad. “En general, los hijos de inmigrantes contribuyen mucho en la adultez, a la economía y a la fuerza laboral de Estados Unidos”, dice. “Estos impactos podrían reducir sus posibilidades de éxito a largo plazo, y eso no solo afecta a los inmigrantes. Afecta a la economía del país en su conjunto”.

Médicos que no pueden prometer que «todo va a estar bien»

Del otro lado del escritorio, los pediatras también cargan con la imposibilidad de darles soluciones certeras a sus pacientes en medio de tanta incertidumbre, al punto que se encuentran tratando de ofrecerles un consejo de qué sería mejor hacer. “Es muy difícil ayudar a una familia a hacer esa evaluación de riesgo”, dice la Dra. Shah. “¿Cómo decide un pediatra si es más peligroso que un niño se quede más tiempo en casa tratando su asma, o que venga y termine separado de sus padres?”. Esa situación, explica, está generando lo que los médicos llaman “angustia moral” (moral distress). “Los pediatras no estamos acostumbrados a estar en esa posición, porque esas no son decisiones que una sociedad centrada en los niños debería obligar a tomar a las familias”, asevera.

Algunos médicos buscan alternativas. La Dra. Shah llama por teléfono a las familias que no vienen durante los operativos para preguntar si necesitan una receta que se les pueda enviar por correo. En la última conferencia anual de pediatría de la AAP, cuenta, había colegas que narraban cómo se organizaban para mandar por FedEx medicamentos para el asma a sus pacientes. Pero, como decía, estas iniciativas tienen límites: “No puedo hacer un control de un niño sano por teléfono”, dice.

Lo más difícil, dice, es no poder prometer seguridad. “Cuando los hospitales y los centros de salud dejan de estar protegidos de los operativos migratorios, se vuelven lugares a los que la gente tiene miedo de ir. El hecho de que los pediatras ya no podamos decir ‘estos son lugares seguros, traigan a su hijo si necesita atención’ es muy peligroso. Los niños están sufriendo como consecuencia”.

No es sólo un niño: es una familia completa… y una comunidad

La Dra. Maradiaga Panayotti insiste en una idea: “Ningún niño está realmente solo”. Hay hermanos, primos, abuelos, compañeros de escuela, comunidades de iglesia. Y hay un dato que la investigación ya documentó: en las familias de estatus mixto, los niños ciudadanos también reciben menos atención médica, porque es la familia entera la que tiene miedo de salir. “Si la mamá es indocumentada pero el niño es ciudadano y tiene seguro médico, igual puede no ir a su cita”, explica. Durante los períodos de más operativos, el acceso a la salud cae tanto para los niños no ciudadanos como para los ciudadanos.

Ese miedo se volvió más complejo este año dados dos cambios fundamentales:

El primero es la nueva regla de “carga pública” (public charge), ya mencionada, que entró en vigor el 18 de septiembre de 2026. La regla permite que un oficial de inmigración tenga en cuenta el uso de beneficios públicos al evaluar una solicitud de residencia permanente. Esta medida amplió los criterios de exclusión migratoria al considerar por primera vez el uso de beneficios no monetarios (como Medicaid, SNAP y subsidios de vivienda) y generó una ola de pánico. “Lo que cambia esta vez es que el oficial puede mirar el uso de beneficios de cualquier persona de la familia, incluidos los ciudadanos, incluidos los niños ciudadanos”, explica la Dra. Shah. “[Pero] no es que esos niños tengan otro lugar donde recibir atención. Ahí [a través de esos beneficios] es donde tienen que recibirla”. 

Drishti Pillai recuerda lo que pasó con la regla de 2019: aunque afectaba a muy pocas personas, muchas familias dieron de baja a sus hijos ciudadanos de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) por miedo. “Vimos un efecto paralizante generalizado”, dice. 

Se refiere a la regla implementada en 2019 por la primera administración de Donald Trump, que endureció la definición de “carga pública” para penalizar el uso de ayudas de salud y alimentación, y que la administración de Joe Biden revirtió en 2022 regresando a los criterios permisivos de 1999.

El segundo es la ley de presupuesto de 2025, conocida como H.R. 1. Desde el 1 de octubre de 2026, limita el acceso a Medicaid y CHIP para varios grupos de inmigrantes con estatus legal, como refugiados y asilados que todavía no tienen la residencia permanente. Los estados pueden seguir cubriendo a niños y embarazadas con estatus legal si eligen esa opción, por lo que la protección depende de dónde viva cada familia.

En Nueva York, por ejemplo, el programa estatal Child Health Plus cubre a todos los menores de 19 años, sin importar su estatus migratorio.

Para la Dra. Shah, lo más grave es cómo se suman las capas. “Esto se superpone a una sensación de miedo que ya es muy profunda en nuestras comunidades migrantes. La gente está aterrada. Hace casi dos años que toma estas decisiones difíciles, y ahora se agrega otra capa encima”.

¿Para qué fue creado ICE? Una historia que empezó con el 9/11

Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que volver al origen de la agencia que hoy despierta tanto miedo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) nació el 1 de marzo de 2003, como parte del nuevo Departamento de Seguridad Nacional, creado por la Ley de Seguridad Nacional de 2002. Fue una respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001, que habían dejado en evidencia la falta de coordinación entre las agencias responsables de las aduanas, la inmigración y la seguridad nacional. ICE reunió las funciones de investigación y de control interior del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y del Servicio de Aduanas.

Su misión, según la propia agencia, es “promover la seguridad nacional y la seguridad pública mediante la aplicación penal y civil de las leyes federales” de fronteras, aduanas, comercio e inmigración. Durante buena parte de su historia, distintos gobiernos ordenaron a sus agentes priorizar a las personas que representaban una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Desde 2011, además, una política de la agencia limitaba los operativos en escuelas, hospitales e iglesias.

Eso cambió en enero de 2025. El mismo día de su segundo juramento, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, que establece como política “aplicar fielmente las leyes migratorias contra todos los extranjeros inadmisibles y deportables” y revocó la orden que fijaba las prioridades anteriores. En esos mismos días, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó la protección de los “lugares sensibles”.

En julio de 2025, la ley H.R. 1 destinó a ICE unos 75,000 millones de dólares para cuatro años, según un análisis del instituto R Street publicado el 31 de marzo de 2026, y su personal pasó de unos 10,000 a más de 22,000 agentes, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Jesús García, periodista especializado en política y migración en Estados Unidos, sigue esta historia desde hace una década. Durante el gobierno de Barack Obama, recuerda, se deportó a millones de personas, pero de una manera “mucho más controlada”: “La gente tenía oportunidad de apelar cuando era detenida”. Durante el primer gobierno de Trump, la intención de ampliar los operativos ya estaba, pero la inexperiencia administrativa limitó su alcance. “Ahora estamos viendo la misma intención, pero con una experiencia administrativa que les ha permitido implementar acciones mucho más difíciles de desafiar”, dice.

Y aclara algo que, según él, los conceptos de detención han cambiado: “No detienen a las personas por ser criminales, sino por estar indocumentadas en Estados Unidos. Mucha gente piensa que los van a detener porque son criminales, y no es el caso”. 

Los datos le dan la razón. Como se vio en la primera entrega, según estadísticas oficiales publicadas por ICE, recopiladas por el Deportation Data Project y analizadas por Latido Beat, el 78.4% de las personas arrestadas por ICE en la ciudad de Nueva York entre enero de 2025 y julio de 2026 no tenía ni condenas ni cargos penales.

Para García, el objetivo es otro: “Este gobierno está apostando al miedo”. Según los expertos que consultó, que la gente se vaya por su cuenta “sale mucho más barato” que deportarla. El gobierno federal ofrece dinero y pasajes a quienes acepten irse, a través del programa Project Homecoming y la aplicación CBP Home, y asegura que más de dos millones de personas ya dejaron el país, una cifra que, advierte el periodista, no puede verificarse porque el Departamento de Seguridad Nacional dejó de publicar el desglose de esas estadísticas.

Al cruzar la puerta del hospital: qué dice la ley

Las respuestas oficiales son más claras de lo que muchas familias creen.

No pueden negarte atención: la Oficina de la Fiscal General de Nueva York lo dice sin matices en una guía para proveedores de salud publicada en septiembre de 2025: “Los proveedores no pueden negar atención por el estatus migratorio o de ciudadanía”. Además, una ley federal, la EMTALA, obliga a las salas de emergencia de los hospitales a evaluar y estabilizar a cualquier persona que llegue, sin importar su estatus ni su seguro.

No estás obligado a decir tu estatus: según la misma guía, los proveedores no están obligados por ley a preguntar ni a informar el estatus migratorio de un paciente, y la recomendación es no preguntarlo salvo que la ley lo exija y no incluirlo en los registros médicos ni de facturación. Solicitar un seguro del gobierno puede requerir esa información, pero solicitarlo es voluntario.

Karina Albistegui Adler, quien dirige el Programa de Justicia en Salud de New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI), cuyo trabajo se centra en que los pacientes de New York conozcan sus derechos, explica por qué igual pueden aparecer esas preguntas. 

A veces un hospital pide un número de Seguro Social para su sistema de registro, y en los hospitales públicos de la ciudad hay programas que evalúan si el paciente califica para un seguro público. “Lo importante es saber que, como paciente, no tienen que responder ninguna de esas preguntas”, dice. “Pueden preguntar cualquier cosa, pero el paciente siempre tiene derecho a no responder”.

Su consejo es simple: preguntar para qué. “¿Para qué me sirve esto? ¿Me lo puede explicar?”. A veces, dice, eso basta para que la persona que pregunta tenga más cuidado. Y si la pregunta es para evaluar beneficios públicos, el paciente puede decir que no quiere esa evaluación y que solo quiere su cita.

Tu información médica es privada: la información de salud está protegida por la ley federal HIPAA y por las leyes de privacidad de Nueva York, sin importar el estatus migratorio. Según la Fiscalía General, los proveedores “no pueden entregar información de salud protegida a las autoridades, incluido ICE”, salvo en circunstancias limitadas, como una orden judicial. 

“Por ley no podemos divulgar información, salvo que haya una orden de un juez o algo muy específico”, asegura la Dra. Maradiaga Panayotti. “Es muy importante que los pacientes lo entiendan”.

Discriminar por estatus es ilegal en la ciudad de Nueva York: la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York protege a las personas contra la discriminación por su estatus migratorio real o percibido. Quien sienta que fue discriminado puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Y quien crea que le negaron atención puede llamar a la línea de ayuda de salud de la Fiscalía General: 1-800-428-9071.

Lo que la ley todavía no resuelve

¿Puede ICE entrar a un hospital? Como se contó en la primera entrega, la ley estatal firmada por la gobernadora Kathy Hochul en mayo exige una orden judicial para los operativos en hospitales y otros lugares sensibles. 

Pero Karina Albistegui Adler aclara que eso no impide que los agentes entren en todos los casos. A veces es necesario que lo hagan: cuando una persona bajo custodia de ICE está herida, por ejemplo, tiene que recibir atención médica.

Por eso NYLPI apoya un proyecto de ley estatal, la Ley de Acceso Seguro a la Atención (S.10494), presentado en mayo por el senador Gustavo Rivera y la asambleísta Phara Souffrant Forrest. El proyecto busca dar a los hospitales y clínicas, públicos y privados, guías, capacitación y respaldo legal para rechazar de manera legal los intentos de acceso de ICE sin autorización, y garantizar que los pacientes bajo custodia migratoria reciban la misma atención que cualquier otro.

¿Y puede ICE exigir información a un médico? “Probablemente existan formas legales de que las agencias pidan cierta información”, reconoce Albistegui Adler. “Pero la pregunta es qué tan probable es que lo hagan, que lleguen al extremo de ir a un juez”. 

Lo que se está viendo, explica, no son operativos dirigidos a una persona en un hospital, sino operativos amplios en la comunidad. “Afortunadamente no creo que haya ocurrido esa ola de agentes entrando a los hospitales para llevarse a la gente. Pero el miedo, para las personas en riesgo, incluidos los trabajadores de salud que en muchos casos también son inmigrantes, es real”.

Jesús García agrega una observación: a ICE en realidad no le conviene operar en hospitales, escuelas o tribunales “porque es demasiado escandaloso”. Las organizaciones civiles se movilizan rápido, explica, y los agentes prefieren pasar desapercibidos.

Prepararse, pero sin dejar de cuidarse

Ni los médicos ni los defensores de instituciones civiles creen que la solución sea dejar de ir al médico. Lo que proponen es prepararse.

Albistegui Adler recomienda hablar con el médico sin necesidad de revelar el estatus migratorio y pedirle opciones alernativas para ciertas cuestiones que involucran el cuidado de su salud. Un paciente puede pedir recetas por tres meses en lugar de uno, para ir menos veces a la farmacia, o cambiar algunas consultas a telemedicina. “No tienen que revelar su estatus. Pueden decir que prefieren visitas menos frecuentes. Es algo perfectamente razonable”, dice. 

La Dra. Shah cuenta que repasa con las familias materiales para prepararse ante una separación: designar a alguien con un poder legal para el cuidado del niño o decidir quién lo va a retirar de la escuela si su madre o su padre no puede llegar. “Hemos tenido que tener esas conversaciones con las familias. Es desgarrador”, asegura.

La Dra. Maradiaga Panayotti capacitó a varias clínicas para que sean lo más seguras posible: designar a una persona para hablar con cualquier autoridad, tener áreas privadas para los pacientes y tarjetas rojas con información sobre derechos en la sala de espera. Con las familias, dice, la conversación más dura es otra: “Imaginemos lo peor, que te separan de tu hijo. Hagamos una lista de todos sus problemas de salud, de sus medicamentos, de sus especialistas, de las personas de confianza que pueden seguir su atención”. Es terrible, admite. “Pero todos se sienten un poco mejor sabiendo que hay un plan”.

Cómo hablar con los niños de las deportaciones o el peligro de ser detenido

¿Y qué se les dice a los chicos? La Dra. Maradiaga Panayotti recomienda dos cosas: observar y escuchar. Un niño estresado no siempre está triste o llorando; puede pelear más, portarse mal o tirar la comida. Con los más pequeños, sugiere abrir la conversación de manera indirecta: “Están pasando muchas cosas en las noticias. ¿Escuchaste algo que te preocupe?”. Y después escuchar sin intentar arreglarlo todo. “Como padres, siempre queremos que las cosas mejoren, y hay un impulso de decir ‘no te preocupes, eso nunca va a pasar’. Tenemos que contenernos, escuchar con atención y reflejar lo que sienten, asumir sus miedos y empatizar: ‘Sí, yo también estaría preocupado’”.

También recomienda practicar técnicas sencillas de relajación cuando todo está bien, como la respiración de los cinco dedos, y mantener rutinas como cuentos, rezos o canciones a la hora de dormir. Así, si la familia se separa y hay una videollamada, esa rutina puede seguir inclusive a la distancia. 

Con los adolescentes, dice, hay que darles un lugar en las decisiones, por ejemplo preguntarles a qué adulto de confianza preferirían acudir si algo pasa. “Una de las mayores frustraciones es sentir que no tienes ningún control sobre tu futuro”, explica.

Una cuenta que pagaremos todos

Cuando se le pregunta qué le preocupa del futuro, la Dra. Shah no habla solo de los niños inmigrantes. “Para que una comunidad esté sana, todos en esa comunidad tienen que estar sanos”, dice. Le preocupa, por ejemplo, la inmunidad colectiva: si las familias no pueden llevar a sus hijos a vacunarse, se debilita la protección de toda la comunidad contra las enfermedades infecciosas. Y aclara: “No es porque los inmigrantes sean vectores de enfermedades. Quiero ser extremadamente clara con eso. Es porque estamos todos juntos en esto”.

Albistegui Adler lo dice con otras palabras: llegar a un punto en el que haya operativos de inmigración en los hospitales sería “catastrófico” para la salud pública: “No solo para las comunidades inmigrantes, sino para todos nosotros”.

La Dra. Maradiaga Panayotti, que también es inmigrante, lo resume así: “Somos parte de la comunidad. Las repercusiones para la sociedad son enormes. No es un solo niño, es la salud de toda la sociedad”.

Por eso, dice, los pediatras no piensan quedarse callados. “Nuestro foco es la salud y el bienestar de los niños, y no nos importa alzar la voz todo lo que haga falta para lograrlo. Y no tiene por qué ser partidario”, explica la doctora. “Simplemente queremos que estos niños estén sanos y tengan la oportunidad de prosperar”. 

Para ella, el principio es simple: los niños tienen derecho a ir al médico cuando lo necesitan sin miedo a que los separen de sus padres, y a ir a la escuela, donde “lo más difícil debería ser la tarea, no otra cosa”.

El Migration Policy Institute estimó hace una década que unos cinco millones de niños vivían en Estados Unidos con al menos un padre o una madre sin documentos, y que casi ocho de cada diez de esos niños eran ciudadanos estadounidenses. Para Jesús García, esa es la clave: “Muchos de estos jóvenes son estadounidenses. ¿Cuál es el impacto real que va a tener esto? Estamos hablando de una población altísima”.

Cuando se le pregunta cuál sería el cambio más importante para proteger a estos niños, la Dra. Shah responde sin dudar: poner a los niños y su salud en el centro de la política migratoria. “No deberíamos realizar operativos de una manera que separe a los padres de sus hijos, y nunca deberíamos poner a los niños en detención. Tenemos que mantener a las familias juntas, hacer que los niños puedan ir a la escuela y buscar atención médica de manera segura”.

Esa no es solo una opinión personal. En septiembre de 2026, la AAP publicó en la revista Pediatrics una declaración de política titulada «Reception and Assessment of Immigrant Children and Families Seeking US Humanitarian Protection» («Recepción y evaluación de niños y familias inmigrantes que buscan protección humanitaria en Estados Unidos«). 

El documento se centra en los niños y las familias que piden protección al llegar al país, y fija la postura de los pediatras: la respuesta debe ser humanitaria y no policial, y cada decisión debe guiarse por el interés superior del niño. 

En ese documento, la AAP sostiene que los niños no deben ser detenidos. La separación familiar debe ser el último recurso, solo cuando especialistas en bienestar infantil detecten un riesgo inmediato para el niño. También pide que reciban atención médica y de salud mental a tiempo, con experiencia pediátrica y un enfoque que tenga en cuenta el trauma.

Las elecciones de medio término, una luz de esperanza frente al miedo

Recientemente, la política migratoria también se puso a prueba en las urnas en Estados Unidos. En las elecciones de medio término del 3 de noviembre, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, según las proyecciones de The Associated Press (AP). Lograron quitar siete escaños a los republicanos en el Senado y más de dos docenas en la Cámara de Representantes. Algunas contiendas todavía no tienen resultado definitivo.

Según el AP Voter Poll, una encuesta a unos 80,000 votantes registrados, solo alrededor de uno de cada diez señaló la inmigración como el principal problema del país. 

Sin embargo, cerca de siete de cada diez dijeron que las políticas de control migratorio fueron un factor “crucial” o “importante” al votar para el Congreso. Alrededor de seis de cada diez opinaron que las acciones migratorias del gobierno “han ido demasiado lejos”, y una proporción similar desaprobó la forma en que ICE cumple sus funciones. Aun así, los republicanos conservaron una ligera ventaja como el partido mejor preparado para manejar la inmigración.

Entre los latinos, cerca de seis de cada diez votaron por el candidato demócrata a la Cámara en su distrito, y alrededor de un tercio por el republicano. Entre esos mismos votantes, cerca de cuatro de cada diez habían votado por Trump en 2024.

El nuevo Congreso asume en enero y tendrá más poder para investigar y supervisar a ICE. Pero no controla las operaciones diarias de la agencia. Lo que cambió para las familias en el último año, como la regla de carga pública, las restricciones de Medicaid de la H.R. 1 o el fin de los “lugares sensibles”, no se revierte con una elección: cualquier ley que lo intente necesitará la firma del presidente.

Sin embargo, un nuevo aire se respira en el país. Y, quizás, aunque los miedos no desaparezcan del todo, exista una nueva forma de aproximarse a la vida cotidiana. Poco a poco.

Las declaraciones de Sural Shah, Gabriela Maradiaga Panayotti, Drishti Pillai y Karina Albistegui Adler fueron traducidas del inglés.