Por Domingo Banda / La Prensa de Houston
Entre la confusión y el miedo, la esperanza se esfumó para miles de residentes de Houston que no cuentan con un estatus migratorio legal en este país. Tras la aprobación de una ordenanza municipal que limitaba la colaboración del Departamento de Policía de Houston (HPD) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el alcalde John Whitmire dio marcha atrás y logró una enmienda a esta ley local.
Esto ocurrió tras recibir presión de parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien aseguró que le retiraría fondos para seguridad pública a la ciudad de Houston. Fue así como, entre amenazas y cientos de testimonios a favor y en contra, en una reunión del Consejo de Houston se logró una votación a favor de enmendar la propuesta para que cumpliera con los requerimientos impuestos por el estado.
Con una votación de 13 a favor y 4 en contra, esta decisión logró que se escabullera la confianza que la gente creía volvería a tener en los policías.
“La ordenanza modificada reafirma la Cuarta Enmienda y nos permite recuperar 114 millones de dólares en fondos estatales para la seguridad pública”, declaró el alcalde Whitmire.
“Agradezco a los 12 concejales que respaldaron este cambio y comprendieron las consecuencias. Estos fondos son fundamentales para seguir haciendo de la seguridad pública nuestra máxima prioridad, incluida la preparación para la Copa Mundial de la FIFA”, agregó.
El argumento de la seguridad pública logró convencer a los que votaron a favor de la enmienda, a pesar de que dos semanas antes votaron en contra.
“La diferencia es que vamos a recibir el dinero ahora. En eso me estaba enfocando”, declaró el concejal por el Distrito I, Joaquín Martínez.
Conocida como “nueva ordenanza sobre procedimientos de inmigración”, fue redactada por tres concejales, todos abogados: Alejandra Salinas de la posición At-Large 4, Edward Pollard del Distrito J y Abbie Kamin del Distrito C.
Se buscaba que hubiera control y más claridad de la colaboración del HPD con autoridades migratorias, que se reportaran los encuentros de los oficiales con personas inmigrantes en paradas de tráfico.
Cómo se debía manejar en caso de que la persona tuviera una orden administrativa de parte del Departamento de Seguridad Nacional y eliminaba la espera de 30 minutos que impuso el jefe de policía Noé Díaz en este tipo de caso.
Aunque se buscaba limitar la colaboración con ICE, más no prohibirla, esto no fue suficiente para que se pudiera mantener en vigencia.
“Aunque me siento decepcionada, esta lucha dista mucho de haber terminado”, dijo la concejal Alejandra Salinas por medio de un comunicado enviado a La Prensa de Houston.
“Desde el principio, el objetivo ha sido proteger a las familias, defender la Constitución y garantizar que nuestros agentes se centren en resolver delitos, y no en realizar el trabajo de ICE. Eso no ha cambiado”, agregó.
La espera de 30 minutos ha sido la parte más polémica cuando se habla de este tema y así ha sido por meses. La concejal Salinas asegura que, aunque no aparece en el texto nuevo, espera que se respete la garantía que se les prometió de que no se detendrá a la gente por tanto tiempo.
“Mantengo la esperanza, basándome en las garantías ofrecidas por el abogado de la ciudad, de que esta enmienda seguirá poniendo fin a la política de espera de 30 minutos del HPD y no permitirá que los agentes realicen detenciones basándose únicamente en una orden administrativa civil; dicho texto fue suprimido por el gobernador, y los habitantes de Houston no deberían tener que depender exclusivamente de meras garantías”.
Lo que sí siguió en el texto de la ordenanza a pesar de la enmienda fueron los requisitos para que se entreguen los reportes al Consejo cada cierto tiempo.
“Me complace que se mantengan vigentes los requisitos de transparencia y presentación de informes que aprobamos”, expresó Salinas.
Mientras tanto, el HPD publicó las nuevas normativas para sus agentes basadas en esta enmienda y aprobadas por Abbott, quien aparentemente ya regresó el dinero a la ciudad de Houston.
“En el curso y ámbito habituales de las labores diarias de patrullaje y/o investigaciones, es posible que nos encontremos con estas coincidencias en el NCIC. Esto exige que los agentes se comuniquen con el Centro de Apoyo a las Fuerzas del Orden (LESC) de ICE cuando reciban dichas coincidencias en el NCIC. Si bien estas coincidencias relacionadas con órdenes judiciales son muy poco frecuentes, la presente directiva tiene por objeto garantizar que gestionemos estos incidentes con la mayor celeridad posible y en estricto cumplimiento de todas las leyes locales, estatales y federales, incluida la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Asimismo, esta directiva asegura que nuestros agentes permanezcan en servicio y disponibles para atender al público”, se lee en el comunicado que contiene las nuevas normas.
Siempre que un oficial reciba una coincidencia (hit) del NCIC que corresponda a una orden administrativa de ICE, un sargento deberá acudir al lugar de los hechos.
Si no existen cargos penales locales:
• Al recibir la coincidencia, el oficial solicitará a un sargento que acuda al lugar de los hechos.
• El oficial procederá a contactar al LESC para verificar la coincidencia.
• El LESC verificará la orden y la identidad del individuo.
• El LESC podrá solicitar que un agente se reúna con el oficial en el campo. El sargento y los oficiales se asegurarán de que los individuos permanezcan detenidos únicamente durante el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con el propósito legítimo de la detención inicial o de la investigación, así como para otros fines legítimos descubiertos durante la detención.
• Si el LESC solicita que un agente se reúna con el oficial en el campo, el sargento deberá autorizar al oficial a esperar un tiempo razonable para permitir que el agente asuma la custodia del individuo.
• El oficial deberá continuar transmitiendo toda la información pertinente recopilada al LESC o al agente con quien el LESC lo haya puesto en contacto.
• El personal del HPD no deberá transportar a ningún individuo que posea únicamente una orden administrativa de ICE. Esto no incluye el traslado del lugar de los hechos a una ubicación segura y cercana (por ejemplo, salir de una autopista) con respecto al lugar original.
• El oficial deberá documentar todas las acciones en un informe de incidente, utilizando el código RMS «37540 A, Immigration Inquiry» (Consulta de Inmigración). Este informe deberá incluir el nombre del sargento que acudió al lugar de los hechos.
Si existen cargos penales locales contra un sospechoso, y además existe una orden administrativa de ICE:
• Al recibir la coincidencia, el oficial solicitará a un sargento que acuda al lugar de los hechos.
• El oficial procederá a contactar al LESC para verificar la coincidencia.
• El LESC verificará la orden y la identidad del sospechoso.
• El oficial transportará al sospechoso al Centro de Procesamiento Conjunto (JPC), conforme a la política establecida, debido a los nuevos cargos, y notificará al LESC sobre la ubicación del sospechoso.
• Posteriormente, el oficial deberá documentar todas las acciones en un informe de incidente, incluyendo el uso del código RMS «37540 A, Immigration Inquiry» (Consulta de Inmigración). Este informe deberá incluir el nombre del sargento que acudió al lugar de los hechos.
De todo esto, parte de lo que preocupa a la comunidad es que ya no se menciona un límite de tiempo, como eran los 30 minutos; ahora solo dice que el oficial tendrá que “esperar un tiempo razonable para permitir que el agente asuma la custodia del individuo”. ¿Puede ser media hora o más?
Lo que para la concejal Salinas es dar marcha atrás en los avances que se habían hecho porque “revierte protecciones explícitas por las que nuestra comunidad luchó arduamente”.
