Por Redacción El Comercio de Colorado
La ley, conocida como Colorado AI Act, entrará en vigor el 30 de junio de 2026. Su objetivo principal no es regular toda la inteligencia artificial, sino centrarse en los «sistemas de alto riesgo». Estos son los sistemas que influyen en decisiones trascendentales como el empleo, la vivienda, el crédito, la salud o la educación.
El senador estatal Robert Rodríguez, impulsor de la medida, defiende esta visión como una extensión lógica de la protección al consumidor. En una entrevista reciente, Rodríguez enfatizó que la tecnología avanza a pasos agigantados, citando capacidades actuales como la de la IA para aprobar exámenes de derecho o mantener conversaciones complejas.
Sin embargo, esta rapidez genera un riesgo. “La discriminación algorítmica ha demostrado producir decisiones sesgadas. Ya hay una demanda en EE.UU. en la cual un ciudadano asegura haber sido discriminado por el algoritmo”, señala el senador. Su premisa es simple. “Si un algoritmo toma una decisión que impacta su vida, usted tiene derecho a saber por qué.
Transparencia y rendición de cuentas
El corazón de la propuesta es la transparencia. Actualmente, cuando una persona solicita un préstamo o un empleo, a menudo se enfrenta a una «caja negra» digital donde un algoritmo decide su futuro sin explicaciones. Rodríguez advierte sobre el peligro de la falta de supervisión.
“Hay mucha data y pruebas de que [la IA] no siempre tiene la razón. ¿Por qué deberíamos permitir que eso le pase a la gente?”.La ley exigirá que los desarrolladores actúen con «diligencia razonable». Además, se busca que, si un sistema comete un error, el consumidor debe poder apelar y recibir una explicación clara.
El senador es pragmático. “Sabemos que va a haber errores porque es tecnología nueva, pero no puede ser a costa de lastimar a las personas”, asegura. Para proteger a las empresas, la ley incluye incentivos. Se les da la oportunidad a las organizaciones de detectar y corregir un algoritmo en sus sistemas. Debe mostrar que ha sido diligente para no ser demandada”, dijo Rodríguez.
Entre la regulación y la realidad empresarial
A pesar de la noble intención, el sector privado observa con cautela. Jesús Carrillo, de la Colorado Hispanic Chamber of Commerce, destaca que, si bien la ley podría fortalecer la confianza pública, su éxito dependerá de una implementación que no ahogue a las pequeñas y medianas empresas.
Existe el temor genuino de que los costos tecnológicos aumenten para cumplir con las evaluaciones de impacto y la documentación necesaria. Por otro lado, desarrolladores como Andreu Sureda reconocen el valor de la rendición de cuentas, pero advierten que las normas deben ser prácticas y no «abrumar la innovación».
Ajustes en el camino: ¿qué esperar antes de 2026?
Aunque la ley fue firmada por el gobernador Jared Polis, el camino hacia julio de 2026 está siendo supervisado por un grupo de trabajo (task force). Rodríguez aclara que el periodo previo a la fecha de entrada en vigor se utilizará para realizar ajustes necesarios. “Estamos esperando recomendaciones finales para ver si necesitamos introducir una legislación más ajustada y equilibrada”, explica Rodríguez.
El senador admite que el panorama tecnológico ha cambiado desde que se presentó la propuesta original hace dos años. Y ahora Colorado no está solo en esta carrera para prevenir la discriminación algorítmica. California ya implementó reglas similares, y Rodríguez está abierto a alinear definiciones con otros estados para facilitar el trabajo transfronterizo de las empresas.
Un mensaje de prevención
El senador Rodríguez resalta el beneficio de ser proactivos en lugar de reactivos en cuanto a la inteligencia artificial. “Al igual que se están aprobando leyes hoy para corregir problemas con el uso de internet por parte de menores, nos adelantamos al impacto de la IA. Intentamos estar a la vanguardia para no tener que lastimar a las personas”, concluye.
La pregunta que queda para los ciudadanos de Colorado en 2026 no es si el uso de los algoritmos como componentes de la inteligencia artificial seguirá existiendo. Lo que viene al caso es saber si al enfrentarse a esta tecnología, los ciudadanos se sentirán o no protegidos por un sistema transparente que valora la responsabilidad humana por encima del código.
