Por Roxana de la Riva
En pleno corazón de los humedales de Florida, donde habitan especies en peligro como la pantera y el caracol de árbol de Florida, se libra una batalla legal para detener la expansión de “Alligator Alcatraz”, el controversial megacentro de detención de migrantes. Un juez federal ha detenido temporalmente su expansión mientras decide si el proyecto viola leyes ambientales y de protección de especies.
Grupos ambientalistas, incluyendo Friends of the Everglades, han presentado una demanda federal para detener temporalmente las actividades en el sitio y exigir un estudio de impacto ambiental, obligatorio por ley. La oposición incluye personas de diversas ideologías y antecedentes, reflejando un rechazo amplio a la instalación.
“Este centro se construyó en el corazón de los Everglades sin revisión ambiental, sin consulta pública y sin considerar alternativas, todo lo cual es legalmente requerido”, denunció Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, en entrevista con este medio.
El destino de Alligator Alcatraz —y de quienes permanecen tras sus muros— depende ahora de un fallo judicial. La jueza Williams escuchó los argumentos finales y prometió emitir su decisión antes del 21 de agosto, cuando vence la orden de restricción temporal. Si la jueza dicta a favor de los demandantes, el complejo podría cerrarse o reducirse drásticamente. Si lo hace en contra, podría consolidarse como pieza central de la política migratoria republicana en Florida.
“Estamos optimistas de que la corte detendrá este proyecto destructivo mientras avanza el juicio”, declaró Elise Bennett, directora del Center for Biological Diversity en Florida y el Caribe. “Nos sentimos orgullosos de unirnos a la Tribu Miccosukee y a millones de floridanos para defender a las especies más amenazadas de los Everglades frente a esta administración que actúa al margen de la ley”.
El centro federal de detención temporal para hasta 5.000 inmigrantes, conocido como «Alligator Alcatraz», fue instalado en el Dade-Collier Training and Transition Airport, una pista aérea ubicada junto a la autopista U.S. 41 y bajo jurisdicción del condado de Miami-Dade. El complejo, conformado por trailers y carpas, se encuentra dentro de los Everglades del Sur y la Reserva Nacional Big Cypress.
El sitio es una zona protegida a nivel nacional y estatal, ecológicamente sensible, que sirve como hábitat para especies en peligro o amenazadas, como la pantera de Florida, el murciélago Florida bonneted, el Everglade Snail Kite, la cigüeña americana, entre muchas otras.
Históricamente, esta región ya vivió una lucha ambiental similar en los años ’60 y ’70 para detener la construcción del jetport de Big Cypress, logrando proteger el ecosistema mediante la creación de la Big Cypress National Preserve. Los activistas actuales temen que Alligator Alcatraz repita errores del pasado, exponiendo la zona a riesgos de contaminación, huracanes y afectación de la tribu Miccosukee, que depende de la salud del territorio para su modo de vida.
Aprobado bajo poderes de emergencia por la administración de Donald Trump y construido con entusiasmo por el gobernador Ron DeSantis, el complejo abrió hace apenas unos meses con una inauguración de alto perfil. “Este centro simboliza el compromiso de Florida con la seguridad nacional”, proclamó el mandatario de Florida.
La demanda se sostiene en dos pilares legales que son la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Especies en Peligro (ESA, por sus siglas en inglés). Ambas exigen estudios rigurosos antes de desarrollar proyectos de gran impacto en zonas sensibles.
Un ecosistema en riesgo
Los Everglades no son un simple pantano. Son un ecosistema de humedales único en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fuente de agua para más de 8 millones de personas en el sur de Florida.
“Defender los Everglades en este caso es vital”, explicó Tania Galloni, abogada de Earthjustice. “Estamos hablando de un bien público irremplazable. Transformar este sitio en un centro de detención masiva es imprudente, especialmente sin revisión ambiental”.
Del lado demócrata, legisladores locales han denunciado el centro como un doble ataque contra el ambiente y contra los derechos humanos.
«El gobernador ha abusado de sus poderes de emergencia para confiscar terrenos del condado y adjudicar contratos multimillonarios sin licitación a donantes republicanos para la construcción de la prisión de detención de los Everglades. La única forma de cerrar este desagradable campamento es a través de los tribunales o de la supervisión legislativa. Por eso me sumé a una demanda contra el estado para obtener acceso incondicional al campamento de los Everglades, y por eso la Cámara de Representantes y el Senado de Florida deben tomar medidas para restringir los poderes de gasto de emergencia del gobernador y retirar inmediatamente la financiación y cerrar el campamento”, declaró Carlos Guillermo Smith, senador demócrata del área de Orlando.
Mientras tanto, colectivos comunitarios preparan un teach-in en Miami, organizado por la Florida Immigrant Coalition y aliados como el Black Alliance for Peace South y Latinas en Marcha. Su objetivo es articular resistencia, visibilizar abusos y defender tanto a los migrantes como al ecosistema de los Everglades.
En cualquier caso, los Everglades y sus habitantes —humanos y no humanos— seguirán en la primera línea de una lucha que mezcla política, derechos humanos y la supervivencia de un ecosistema único en el planeta.
