Por Jesús Sánchez / El Comercio de Colorado
En Colorado, miles de inmigrantes indocumentados viven con una doble realidad. Tienen una vocación que los impulsa a servir a su comunidad, pero deben superar obstáculos sistémicos que les impiden ejercer sus profesiones.
Laura y Chela son dos de estas voces. Dos mujeres con sueños forjados en el estudio y el servicio, que quedaron atrapadas en un limbo legal que desafía su entusiasmo y su necesidad de aplicar lo aprendido. Sus casos, cuya resolución está bajo el ala de la organización Juntos Community, revelan la urgencia de seguir derribando barreras.
Maestra con licencia, pero sin empleo
Laura, ahora joven educadora de Chihuahua, México, llegó a Estados Unidos hace más de dos décadas. Con pasión por la enseñanza, dedicó cuatro años a sus estudios en Educación Infantil Temprana, culminando su carrera en diciembre de 2024. Ha tenido siempre un sueño claro: ser maestra de preescolar y primaria. Sin embargo, al intentar obtener su licencia, se topó con un muro. «Pensé que era fácil. Nada más ir al sitio web del Departamento de Educación y solicitar mi licencia de maestra», relata Laura.
No le era permitido crear una cuenta para obtener su licencia como maestra sin un número de seguro social. Este impedimento sucedía a pesar de las leyes de Colorado SB21-199 y SB21-77, aprobadas en 2021, que eliminaban el requisito de tener un seguro social para tramitar licencias profesionales. Fue en este punto de frustración cuando Laura buscó el apoyo de la organización Juntos Community. «Crearon un grupo de apoyo para contactar el Departamento de Educación del Estado y a otros organismos”, contó.
Gracias a esta presión y a un “proceso alternativo” que permitió el revisar los antecedentes con huellas digitales y nombre, Laura logró obtener su licencia de maestra en julio de 2025. Un logro monumental, pero su batalla no ha terminado.
«Tengo mi licencia, pero me falta un empleador”, confiesa. Los distritos escolares en Colorado no contratan a personas indocumentadas, lo cual ha dejado a Laura sin poder ejercer su profesión. Su llamado es claro: «A cualquier persona que pueda ayudar le digo que tengo muchas ganas de enseñar».
Una cuidadora decidida a cumplir su promesa
La historia de Chela, originaria de la Ciudad de México, resuena con una frustración similar a la de Laura, pero en el ámbito de la salud. Toda su vida ha querido dedicarse al cuidado de la gente con problemas de salud, un deseo que se intensificó tras la muerte de su hermano por cáncer. Él la impulsó: «Sí puedes hacerlo».
Chela se registró en un programa para ser Asistente de Enfermería Certificada (CNA), animada por la posibilidad de usar su ITIN para obtener la licencia. Sin embargo, al intentar realizar sus prácticas clínicas, se encontró con el mismo obstáculo que Laura.
Los hospitales, y por extensión las escuelas, exigen que aquellos que quieren ser voluntarios, o solicitar prácticas profesionales o empleo, muestren sus antecedentes. «La verificación de mis antecedentes no procede porque no tengo un número de seguro social,» explica Chela. A pesar de este revés, Chela no se rindió. Con el apoyo de Juntos Community y la orientación del médico Tobías Wilson, encontró una escuela que no dependía de fondos federales y que le permitió completar su entrenamiento profesional.
Chela ya terminó la capacitación y está en proceso de obtener su licencia de CNA. Busca hacer sus prácticas profesionales en una institución privada. Más allá de eso, encontró una vía alternativa para ejercer su vocación: va a usar la figura de contratista independiente con su emprendimiento. “Sí es posible”, afirma con convicción. Esa fórmula puede ser usada por quienes no tienen un estatus migratorio. «Tengo en mi mente que yo le prometí a mi hermano que lo iba a intentar”, asegura Chela, y aconseja a otros migrantes, «no dejes a un lado tu sueño».
Leyes que prometen, pero aún no se cumplen
Las leyes SB21-199 y SB21-77, aprobadas en 2021, eliminaron el requisito de número de Seguro Social para obtener licencias profesionales en Colorado. Sin embargo, Joshua Stalling, Gerente del Programa de Abogacía de Juntos Community, explica que la implementación de la ley ha sido complicada. Es justamente la falta de acción por parte de agencias estatales que ha impedido que profesionales como Laura y Chela accedan a las oportunidades de la ley. Por ejemplo, «el Departamento de Educación de Colorado debía hacer cambios para aplicar la ley», asegura.
Stalling señala que Laura es la primera en obtener licencia de maestra bajo estas circunstancias, lo que subraya la necesidad de revisar procesos para efectivizar su cumplimiento en más casos. La verificación de antecedentes a partir del seguro social sigue siendo una gran barrera. Vale indicar que ni el FBI ni la Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI) requieren un seguro social para revisar antecedentes criminales o listas de delincuentes sexuales, solo alcanza con el nombre o las huellas digitales.
Una propuesta para eliminar las trabas invisibles
El problema surge con las compañías privadas de verificación de antecedentes que exigen el Seguro Social para cumplir el proceso. Ello restringe a los inmigrantes indocumentados el acceso a programas educativos de enfermería, enseñanza y consejería, y la posibilidad de trabajar como contratistas independientes, o incluso como voluntarios en escuelas.
Juntos Community impulsa una iniciativa legislativa sobre el tema. “Trabajamos con legisladores para crear un proyecto que aspiramos a introducir para debate en 2026″, indica Stalling. Este proyecto «va a prohibir que requieran los números de Seguro Social para verificaciones de antecedentes que no son para un empleo», agrega.
Esta medida abriría oportunidades, permitiendo que más personas indocumentadas accedan a programas educativos, trabajos como contratistas y se integren plenamente a la economía, al suplir la escasez de profesionales bilingües y culturalmente competentes en la salud y la educación.
El origen de Juntos Community
Detrás de la labor de Juntos Community está la historia de su fundador, Luis Antezana Alba. Nacido en Cochabamba, Bolivia, Luis llegó a Los Ángeles a los siete años y descubrió su estatus indocumentado en su último año de secundaria. A pesar de las dificultades, obtuvo una beca para la universidad y, con la llegada de DACA, pudo terminar sus estudios en Ciencias Políticas, con concentración en leyes. Aunque su sueño inicial era ser abogado de inmigración, la política lo llevó a un camino diferente. Se convirtió en maestro.
«No estoy preparado para ser maestro de inglés,» recuerda haber dicho, y así llegó a Colorado, donde ejerció la enseñanza por seis años. Fue durante su tiempo como maestro que Luis notó que, a pesar de su esfuerzo, muchos estudiantes y familias indocumentadas tenían impedimentos para construir un futuro. Esta observación lo impulsó a fundar Juntos Community. «Nuestra misión es ayudar a nuestras familias indocumentadas a acceder a una movilidad económica ascendente y construir riqueza generacional. Con empleo e ingresos, las familias puedan adquirir educación financiera y, finalmente, propiedad», explica Luis.
Luis Antezana, un DACA con propósito
Luis, quien es DACA, se enorgullece de un logro muy personal: «Yo soy indocumentado y estoy creando trabajos aquí en los Estados Unidos para ciudadanos, para residentes, para nuestra comunidad indocumentada». Esta experiencia de superar sus propios obstáculos y crear oportunidades es la fuerza motriz de Juntos Community.
Su mensaje es un eco de su propia resiliencia. «Caminante, cuando alguien te diga que no lo hagas, ese es el momento donde tienes que saber que estás haciendo algo correcto. Y hazlo. Y sigue tus sueños de esa manera», asegura.
Las historias de Luis, Laura y Chela son un testimonio de la perseverancia del espíritu humano frente a la adversidad. Juntos Community no solo busca cambiar leyes, sino también empoderar a quienes más lo necesitan para superar las barreras que se les presenten.
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Conoce aquí los detalles para iniciativa legislativa relacionada con la verificación de antecedentes
